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Por: Gutiérrez Salegui

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Categorías: 20 minutos, Akal, Ana Isabel Gutiérrez Salegui, Artículos, Consume y calla, El nutricionista de la general, Foca, Juan Revenga, Libros, Nutrición

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25 de abril de 2014

RESEÑA DE CONSUME Y CALLA EN EL NUTRICIONISTA DE LA GENERAL

Publicado en su blog El Nutricionista de la General, 21.04.14

NUEVO LIBRO: “CONSUME Y CALLA”

Si visitas de tiempo en tiempo este blog te habrás dado cuenta que los asuntos relativos a la publicidad de alimentos diversos, las alegaciones de salud que incorporan, el márquetin con el que se rodean, su etiquetado y demás “celofán” con el que se envuelven, son un tema recurrente. Como digo, a pesar de poder encontrar estos temas con cierta frecuencia, el blog no está dedicado en cuerpo y alma a estas cuestiones. Y conste que bien podría habida cuenta de lo machaconas y surrealistas que son las circunstancias que en este sentido nos han tocado vivir.
Afortunadamente y para poner un contrapunto de sensatez entre tanta vorágine consumista (aunque en ella se ponga de excusa un mal entendido concepto de salud) de vez en cuando ven la luz obras como la que hoy os traigo y que acaba de ser publicada. Se trata del libro que tiene como título “Consume y calla. Alimentos y cosméticos que enriquecen a la industria y no mejoran nuestra salud” (357 pags.) de Ana Isabel Gutiérrez Salegui (@Fasmida) y que está editado por Ediciones Akal, SA. Hacía falta.
En verdad lo que haría falta es que más personas accedieran a esta perspectiva que del mercado de salud (a través de alimentos y cosméticos) tienen en realidad muchas de las empresas que, en principio y en apariencia, se preocupan por nuestra salud. Muchos de los escándalos vinculados a la industria alimentaria y que se han dado a conocer en estos últimos años, así como la farragosa forma de “informar” a los consumidores dan muestra de esa “preocupación” que tienen muchas de esas multinacionales a las que la autora dedica su obra nada más empezar:
“A Bimbo, Nestlé, Unilever, L’Oreal, Puleva y tantos otros… sin ellos no habría sido posible este libro […]”.
Tristemente. Sin ellos, tristemente, no habría sido posible este libro; apuntaría yo con el permiso de la autora.
El libro no te va a dejar indiferente. Empezando por la perspectiva de Ana Isabel Gutiérrez que no es la de una publicitaria, ni de una nutricionista, ni una médico, se trata, muy en resumen, de una psicóloga que afronta desde su especialidad las causas y circunstancias que como consumidores nos han llevado a terminar a merced de una industria con, aparentemente, escasos escrúpulos. Con su permiso transcribiré un fragmento significativamente elocuente:
“[…] Si la generación que vivió la posguerra, levantara la cabeza y viera en que trabajamos, ahorramos y pedimos prestamos bancarios para que nos corten trozos de carne en un quirófano, nos metan bolsas de silicona en el pecho o en los glúteos, pagamos para que, a voz en grito, nos hagan sudar y sufrir, pasamos hambre voluntariamente o nos alimentamos de polvos disueltos en agua pagados a precio de oro (pudiendo hacerlo con comida de verdad) para poder entrar en fajas compresoras que reducen, elevan y oprimen, pensarían que nos hemos vuelto rematadamente locos. Y tendrían razón”.
Este libro está cuajado de ejemplos, vergonzosos (a la par que legales muchos de ellos), en los que se pone de manifiesto que tanto en buena parte de la industria de cosmética como en la de la alimentación hay una serie de señores como poco interés en cualquier cosa que no sea aquel de lucrarse hasta extremos insospechados.
Así pues si en cierta medida te gusta este blog por aquellos casos en los que se “denuncian” ciertas malas prácticas por parte de la industria te recomiendo este libro. Una obra que además está cuajada de citas y de referencias para seguir el hilo de lo que en él se cuenta. Entre esas citas, he de reconocer con agradecimiento, sale este blog citado con frecuencia… así como el de tantos otros que son una referencia para uno mismo tales como Jose Manuel López Nicolás y su Scientia; Ben Goldacre (Mala ciencia); el GREP-AEDN; Naukas; José Miguel Mulet… y tantos otros.

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Por: Gutiérrez Salegui

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Categorías: Abusos sexuales, Ana Isabel Gutiérrez Salegui, Artículos, Hay Derecho, Menores

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11 de abril de 2014

ABUSO SEXUAL INFANTIL: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO VALDELUZ

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho?, 10.04.14.
 
En el año 2013 un grupo de ex-alumnas y alumnas de un colegio de Madrid, el Valdeluz, decidieron denunciar a su profesor de música por abusos sexuales continuados. El hecho, hasta aquí triste pero no sorprendente, tornó en escándalo cuando se supo que, desde al menos el año 2007, presuntamente siempre, el Colegio y la Comunidad de Madrid habían tenido conocimiento de los hechos y no habían tomado ninguna medida.
 
Convención Internacional de los Derechos del Niño: el Artículo 19, Protección del abuso, dice lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
 
El caso Valdeluz sigue dejándonos asombrados por la cantidad de incoherencias y despropósitos que hemos escuchado y el uso torticero de la Ley que parece haberse realizado. No sé si la sociedad es realmente consciente de la monstruosidad que supone que los delitos de un abusador de menores sean conocidos por las autoridades y no se produzca una denuncia automática, más teniendo en cuenta la alta tasa de reincidencia de este tipo de agresores.
 
En el caso Valdeluz, como en otros casos similares, a lo mejor primero hay que aclarar conceptos. La aparición de la palabra adolescente para denominar a esa etapa que hay entre la niñez y la etapa adulta, puede llevar a confusión a algunas personas y minimizar ante la sociedad la percepción de la gravedad de los delitos cometidos.
 
Recordemos, pues, que, según nuestra legislación, las personas que no han cumplido los 18 años son menores de edad y están sujetos a la tutela de sus progenitores y a la protección de todas las instituciones. Exceptuándose solamente aquellos casos en los que, por vía judicial, y nunca antes de los 16, el menor ha sido declarado menor maduro.
 
Que la adolescencia esté siendo adelantada por intereses espurios de la sociedad de consumo, no puede hacernos perder el Norte: una niña de 13 años maquillada y con tacones no pierde su condición de niña de 13 años. El mito de Lolita ampara y justifica a los pederastas y difumina la gravedad de un delito totalmente injustificable.
 
Hay que recordar también la definición de la O.M.S de año 1999 sobre maltrato a los menores: “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”
 
La introducción que, en principio, no parece excesivamente relacionada con el tema sobre el que deseo poner el acento, viene dada por el tratamiento informativo del caso Valdeluz y de otros similares, en los que la palabra adolescente amortigua de cara a la sociedad los hechos. Disculpen, pero la verdad descarnada es ésta: un profesor presuntamente ha abusado de un número de niñas a las que impartía clase y de las que era directamente responsable.
 
Las primeras noticias sobre el caso nos horrorizaron a todos, como siempre que se descubre un caso así: un profesor había sido acusado de abusar de un número indeterminado de niñas en un colegio de Madrid. La viva imagen del lobo entre los corderos. Pero las siguientes declaraciones nos espeluznaron aun más, sobre todo a los profesionales que trabajamos con personas que han sufrido abusos en la infancia.
 
En las primeras declaraciones, según los medios de comunicación, el director del Colegio y el Jefe de estudios afirmaron conocer los hechos, al igual que el psicólogo y el Centro Especializado en Abusos Sexuales a la Infancia (CIASI) de la Comunidad de Madrid, al que había sido derivada una de las menores en el año 2007. Me consta que todos sabemos matemáticas, estamos en el año 2014: hablamos de siete años de conspiración de silencio, en los que no se hizo nada y en los que, siempre presuntamente, se ha continuado abusando de niñas indefensas. Para los que nos dedicamos a esto, estaba claro que, de ser cierto, no sólo se había podido incurrir en un delito de encubrimiento, sino de complicidad, ya que quien tiene conocimiento de un posible delito futuro y no lo evita es cómplice. Todos aquellos abusos sucedidos con posterioridad al año 2007 no habrían sido posibles sin el silencio de todos los implicados.
 
Esto que, desde la lógica, la ética y la moral -valores todos tan escasos hoy en día-, habría sido, de mediar vergüenza, motivo de dimisión de todos los implicados y, de no mediarla, motivo de destitución fulminante, así como de imputación por parte de la Justicia, continuó con un vergonzoso ejercicio de relatividad moral y legal. Según los protagonistas, “la obligación de denunciar es de los padres”, “el secreto profesional no deja revelar una cosa así” y el absolutamente delirante “no denunciamos para proteger a los demás niños”. Rizando el rizo afirmaron que “la ley no lo deja claro”.
 
Parece mentira que yo, una simple ciudadana y psicóloga forense, tenga claro que la interpretación de la ley queda reservada a los jueces y sin embargo estos doctos señores no lo sepan. No obstante, como verán ahora, La Ley, con mayúsculas, lo deja muy claro, empezando por la Carta Magna. La Constitución española menciona de forma explícita la protección a la infancia en su artículo 39 apartados 2 y 4: “2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
 
No obstante, creo que hemos estudiado distintas leyes, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 262 es poco dada a ambigüedades: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente.”
 
También la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye un amplio marco jurídico de protección a la infancia que en el articulo 13 trata sobre la obligación de la denuncia y de mantener la confidencialidad: “1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise (…)”.
 
Y, por si fuera poco, la normativa específica de centros docentes también lo contempla. La obligación de comunicar aquellos casos de malos tratos de los que se tenga conocimiento está recogida en diferentes y numerosas legislaciones como, por ejemplo, en el caso de los profesores y centros docentes, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, que en su Titulo II sobre los derechos de los alumnos establece en el artículo 18 que: “Los centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancia personales y familiares del alumno. No obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores.”
 
Claro que, ante la avalancha de criticas y comentarios en las redes sociales, argumentaron que ellos se referían al Código Penal. Pues lo siento, pero el Código Penal también es bastante explícito en que los delitos contra menores son perseguibles de oficio, aunque si hubieran hecho su labor, que era poner en conocimiento de Fiscalía los hechos, ya se lo habría contado la propia Fiscalía.
 
Por su parte el psicólogo que se ampara en el “secreto profesional” también debería saber que nuestro secreto profesional no contempla ocultar delitos contra las personas. No somos abogados defendiendo a un cliente. Y que, ante cualquier duda ética, moral o de criterios de actuación. tenemos una organización colegial a la cual consultar. “Artículo 8.- Todo/a Psicólogo/a debe informar, al menos a los organismos colegiales, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión”.
 
Todos estos señores, además de mostrar un despreocupante desconocimiento de las Leyes (estoy obviando la interpretación de algo peor, que sería no preocuparse por los menores, los abusos, las consecuencias de los abusos y las posibles futuras víctimas) han provocado una consecuencia funesta. En estos momentos es posible que muchos directores, docentes, psicólogos o ciudadanos piensen que, efectivamente, no hay obligación de poner en conocimiento de las autoridades el conocimiento o la sospecha de los abusos a menores.
 
La respuesta de la Administración aclarando este punto, explicando las leyes y planteando la línea correcta de actuación para futuros casos está tardando. Un documento que fuera enviado a todos los centros docentes, públicos y privados, a los Colegio Profesionales para que los remitieran a sus colegiados y que fuera publicado en los medios de comunicación. Sinceramente no sé a que están esperando.
 
Claro que esto pondría contra las cuerdas al director, al jefe de estudios, al psicólogo y la Comunidad de Madrid, revelando que lo han hecho rematadamente mal. A lo mejor es por eso.

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Por: Gutiérrez Salegui

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20 de julio de 2013

EL VERDADERO TRABAJO DE UN PSICÓLOGO FORENSE

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Capítulo del libro colectivo Marea Blanca, 
coordinado y recopilado por Luis Daniel Martín. ViveLibro, 2013.

Me llamo Ana y soy psicóloga forense. La gente asocia habitualmente a los forenses con los muertos -será que hemos visto muchas series de televisión-, pero los psicólogos forenses trabajamos con víctimas, con supervivientes. Ser víctimas de una agresión sexual o física, o encontrarse en el escenario de un atentado, nos puede ocurrir a cualquiera. Y aunque no se vean las heridas físicas, porque no las haya, un hecho así puede condicionar el resto de tu vida. A nadie le deja indiferente. Algunos desarrollan tal miedo que no vuelven a salir de casa. Otros acaban sufriendo una depresión porque no pueden entender ni la maldad humana ni por qué les tocó a ellos. Muchos se sienten culpables por haber sobrevivido cuando el que estaba a su lado, a veces un amigo o un familiar, no lo hizo.
 
Aun antes de especializarme, ya trabajaba con víctimas de todo tipo: de atropellos, de agresiones sexuales, de mobbing, de violencia de género… Contando esos años de estudiante, en los que fui voluntaria de diferentes asociaciones, llevo ya veinte años trabajando con víctimas de todo tipo. Por eso sé que la ayuda psicológica en los primeros momentos es crucial, que es fundamental estar pendiente de la aparición de los primeros síntomas, que éstos pueden aparecer incluso meses y meses después de los hechos, que hay que estar muy alerta para actuar ante las primeras señales. A nadie se le escapa que es más fácil y tiene mejores resultados una detección e intervención precoz que intentar hacer remitir un cuadro instaurado.
 
Por otro lado, la asistencia sanitaria integral es un derecho de cualquier enfermo, sea su patología física o mental. Y ese derecho precisamente es el que se va a ver vulnerado con los recortes sanitarios. Si bien toda la asistencia sanitaria va a resentirse en su calidad, es en Salud Mental donde más se va a notar, sobre todo entre los enfermos crónicos que, en muchos casos, son un producto directo del sistema sanitario. En ausencia de tratamientos que incluyan la rehabilitación psicosocial, un fármaco no puede curar el déficit de habilidades, por poner un ejemplo. En el momento actual y según datos oficiales, el consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Eso no significa directamente que el número de personas con diagnósticos haya aumentado, sino que ha aumentado el número de personas que tienen algún síntoma psicológico y, por lo tanto, están en situación de riesgo de acabar desarrollando una enfermedad.
 
Si traducimos esto a términos económicos nos encontramos con que el impacto sólo de la depresión en nuestro país se ha estimado en 5.005 millones de euros anuales, según Valladares, Dilla y Sacristán (2008) (1).
 
Es evidente que cada problema requiere sus propios especialistas, y es obvio que ningún ginecólogo  debería atender un enfisema pulmonar ni que ningún médico de familia puede hacer un trasplante de riñón. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos atenemos a las estadísticas que nos sitúan a la cabeza de Europa (junto con Reino Unido) en prevalencia de trastornos psicológicos (2), los estudios de King M. et al (2008) (3) y comparamos el ratio de psicólogos en nuestro país (4,3 por cada cien mil habitantes frente a 19,6 psicólogos/100.000 en el resto de Europa, datos de la OMS), nos encontramos con la paradoja de no poder dar la asistencia necesaria ni a las víctimas de cualquier hecho, atentado, agresión o accidente ni al resto de los afectados por patologías mentales.
 
El número de psicólogos en el Sistema nacional de Salud es muy escaso en Atención Especializada y prácticamente inexistente en Atención Primaria, a pesar de que sociedades médicas de atención primaria estiman que hasta el 66 % de las consultas en Primaria tienen un componente principalmente psicológico. Con este panorama no es extraño que muchas personas estén mal diagnósticas, su abordaje terapéutico se realice exclusivamente con psicofármacos, contribuyendo así al enmascaramiento de los síntomas, la cronificación del cuadro y a que la distancia temporal entre sesión y sesión, en ocasiones, supere el mes y medio.
 
El tratamiento de cualquier víctima pasa por hacer una intervención en crisis, cuando llegan a Urgencias por agresiones sexuales, agresiones físicas, crisis de pánico o intentos de suicidio. No dejarlas solas y acompañarlas durante todo el proceso, desde que ingresan hasta que acuden a poner la denuncia. Pero no hay psicólogos en Urgencias.
 
Pasa también por la detección de los problemas psicológicos en Atención Primaria y la derivación a Centro de Salud Mental de forma preferente, para que, coordinados, se pueda hacer un abordaje integral de cada caso, afrontando los problemas físicos, los psicológicos y la valoración de la trabajadora social. Pero apenas hay psicólogos en Atención Primaria, no los suficientes. Por eso hay que recurrir a los psicólogos de las  múltiples asociaciones de afectados, sobradamente motivados pero escasamente remunerados y valorados. La labor de las asociaciones es admirable, pero una de las causas de que existan es que hay deficiencias en el sistema.
 
Nos encontramos a menudo con el uso exclusivo de tratamientos farmacológicos como terapia, que inhiben o hacen desaparecer los síntomas, pero sólo mientras se mantiene la medicación. A nadie se le escapa que, si no se dota de las habilidades necesarias para afrontar la situación, o  no se soluciona el problema de base que la provoca, la sintomatología reaparecerá en el momento en que se interrumpa el consumo de los fármacos, provocando que, antes o después, nos encontremos con una recaída, lo cual empeora el pronóstico desde el punto de vista de intervención psicológica. 
 
A pesar de todas estas dificultades, la atención psicológica se iba haciendo un hueco en la asistencia sanitaria, pero ahora los recortes nos llevan a un marco diferente y desolador, en el que sólo tendrá acceso a ella quien se la pueda pagar. Los seguros privados suelen limitar las terapias a un número concreto de sesiones de una duración concreta, en ocasiones ridículo, como la duración máxima de veinte minutos. Sobra decir que va contra la ética decirle a alguien que su sesión ha terminado si en ese momento ha roto a llorar desconsoladamente o te acaba de plantear que tiene ideas suicidas. Por otro lado, el planteamiento de limitar sesiones de psicoterapia es tan irracional como decir, de antemano, sin ver al paciente, sin valorar la gravedad del caso ni el alcance de la lesión, que cualquier lesión muscular “tiene” que curarse, sí o sí, en diez sesiones de rehabilitación.
 
La privatización de la Sanidad no va a llevar sólo a una vulneración de uno de los derechos fundamentales del hombre, la salud; va a llevarnos a un mundo en el que todos aquellos que hayan sufrido cualquier hecho que les lleve a una lesión psíquica, tengan que convivir con sus fantasmas si no pueden asumir unos tratamientos caros y prologados. Hasta la cicatriz más horrible puede dejar de estar presente en la mente porque la herida se cura y deja de doler, lo que pervive en la mente es el trauma psicológico, ese que solo se puede vencer enfrentándose a él y que ningún fármaco puede borrar.
 
Por ello soy una de las batas blancas que salen a la calle, porque quiero un mundo en que toda persona que haya sufrido un hecho así tenga una segunda oportunidad y no se vea obligada a arrastrar unas consecuencias que le lastren y que podemos evitar. Que no haya enfermos de primera o de segunda en función de su poder adquisitivo y en el que la Salud, con mayúsculas, la física y la mental, esté al alcance de todos.
—
(1) Valladares, A. Dilla, T. Sacristán, J. Actas Españolas de Psiquiatría, 2009.
(2) Investigación dirigida por la doctora Carmen Fernández y presentada por la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc) como ponencia Violencia de género, una prioridad y un reto social. Valladolid-Salamanca, 2007.
(3) King M. et al (2008)  “Prevalence of common mental disorders in general practice attendees across Europe.” British Journal of Psychiatry, 192, 5, pages 362-367.

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Por: Gutiérrez Salegui

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29 de junio de 2013

BAJAS PSIQUIÁTRICAS Y LEGISLACIÓN

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho? –parte I y parte II-, 24.06.13.
 

Los trastornos mentales son, en la actualidad, una de las preocupaciones más acuciantes de organismos sanitarios, empresas, gobiernos y, por supuesto, de las personas que los sufren y su círculo cercano. Las pérdidas económicas y sociales generadas por estos trastornos han llevado a la Organización Mundial de la Salud a considerar el absentismo laboral generado por los mismos como “un problema de salud pública” y a recomendar a los responsables políticos la necesidad prioritaria de aunar esfuerzos para prevenir la enfermedad mental relacionada con el trabajo, la promoción e instauración de hábitos saludables y el fomento de la reincorporación de los trabajadores al mundo laboral. 
 
Atendiendo al listado de causas de incapacidad temporal en nuestro país, los trastornos mentales se sitúan en el segundo puesto, según un estudio publicado en el European Journal of Health Economics. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) señala al estrés como responsable directo de una cifra variable de entre el 50% y el 60% de las ausencias laborales.  
 
Incluso otras causas, como son los dolores músculo-esqueléticos (10% de las bajas) también podrían estar relacionadas indirectamente con este estrés y directamente con la mala educación en hábitos saludables. También los cuadros somáticos, o problemas de salud de origen inespecífico, pueden tener su origen en el estrés, así como las enfermedades recurrentes, ya que un estrés continuado provoca el deterioro progresivo del sistema inmunitario, facilitando la aparición de las denominadas “infecciones oportunistas”.
 
En función de los estudios consultados, la prevalencia de los trastornos psicológicos en las consultas de Atención Primaria varía entre un 25% y un 50%. En cualquier caso, si nos quedáramos con el dato menos alarmista, estaríamos hablando de que 1 de cada 4 personas que acuden a los Centros de Salud tiene un problema relacionado con la salud mental.
 
Sobre los pronósticos de estos cuadros a largo plazo, es fundamental señalar que, en ausencia de tratamientos adecuados, las personas afectadas por bajas mayores a seis meses de duración tienen un 80% de posibilidades de continuar con el problema durante los cinco años siguientes.
 
Si traducimos esto a términos económicos nos encontramos con que el impacto sólo de la depresión en nuestro país se ha estimado en 5.005 millones de euros anuales, según el trabajo de Valladares, Dilla y Sacristán publicado en Actas Españolas de Psiquiatría en 2009. 

El marco económico y social en el que nos encontramos, con altos niveles de inseguridad laboral, reducciones de sueldo, aumento de impuestos directos e indirectos, pérdida de poder adquisitivo en las familias, ausencia de expectativas de mejora laboral, etc., ha generado una situación de pesimismo, miedos y “estrés general”. En el momento actual y según datos oficiales, el consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Eso no significa directamente que el número de personas con diagnósticos haya aumentado, sino que ha aumentado el número de personas que tienen algún síntoma psicológico y, por lo tanto, están en situación de riesgo de acabar desarrollando una enfermedad.

 
Sin embargo, la respuesta legal frente a este fenómeno no parece la adecuada. Nuestro sistema legal de bajas laborales está más bien pensado para las enfermedades y accidentes físicos y, sin embargo, resulta poco adecuado para afrontar las bajas psíquicas, a las que se aplica igualmente. 
 
Una vez que se extiende el parte de baja por causas psíquicas, nos enfrentamos a una insuficiencia de los medios disponibles para la pronta recuperación personal y laboral del afectado: déficit de cobertura a tratamientos psicológicos de calidad en el Sistema Público de Salud y escasa capacidad legal de actuación de las Mutuas cuando se trata de contingencias comunes. 
 
Nos encontramos a menudo con el uso de tratamientos farmacológicos, que inhiben o hacen desaparecer los síntomas pero sólo mientras se mantiene la medicación. A nadie se le escapa que, si no se dota de las habilidades necesarias para afrontar la situación, o  no se soluciona el problema de base que la provoca, la sintomatología reaparecerá en el momento en que se interrumpa el consumo de los fármacos, provocando que, antes o después, nos encontremos con una recaída, lo cual empeora el pronóstico desde el punto de vista de intervención psicológica. 
 
Otra clara deficiencia en este aspecto es la limitación de terapias a un número concreto de sesiones de una duración concreta. El planteamiento de limitar sesiones de psicoterapia es tan irracional como decir, de antemano, sin ver al paciente, sin valorar la gravedad del caso ni el alcance de la lesión, que cualquier lesión muscular “tiene” que curarse, sí o sí, en diez sesiones de rehabilitación. 
 
Pero, entre las personas que sufren cuadros psiquiátricos, hay que diferenciar dos grupos, tal y como lo hace la Guía de Valoración de Incapacidad Temporal para Atención Primaria. El primero, en el que estarían enfermedades neurodegenerativas y cuadros graves, como esquizofrenias de curso crónico y progresivo, trastornos bipolares, depresiones mayores con síntomas psicóticos, demencias, etc., que deben ser derivados y valorados por especialistas, de cara a plantear una posible incapacidad permanente.  Y el segundo grupo, en el que se englobarían los síndromes depresivos, distimias, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de la personalidad, trastornos adaptativos, etc.
 
Según el estudio epidemiológico DeDo(Depresión y Dolor), realizado por el Hospital 12 de Octubre y presentado en el Simposio “Depresión y Atención Primaria: Paradigmas en constante evolución”, el 80,4% de los pacientes que acude a las consultas de Atención Primaria refiriendo dolor inespecífico, padece algún tipo de trastorno depresivo no diagnosticado y por lo tanto, sin tratamiento. Otro estudio similar llega a la conclusión de que los síntomas físicos dolorosos (dolor de espalda, de hombros y de cabeza) aparecen como motivo de consulta en el 78% de las personas que presentan ansiedad y depresión conjuntamente. Lo más llamativo del citado estudio es que sólo el 17% del grupo con ansiedad y el 35% del grupo con ansiedad y depresión recibía un tratamiento farmacológico adecuado a su problema.
 
Esto nos sitúa ante el siguiente escollo en el abordaje: no sólo los tratamientos no son los adecuados para la óptima recuperación del paciente  sino que, adicionalmente, muchas de las personas están incorrectamente diagnosticadas.
 
Otra cuestión relacionada con estos problemas y síntomas es la influencia sobre el rendimiento, la eficacia o la accidentabilidad que potencialmente pueden tener. Este aspecto, casi imposible de cuantificar, debería ser tenido en cuenta como uno de los factores fundamentales a la hora de plantear estrategias de promoción de salud por parte de las empresas y las instituciones.
 
Junto con el absentismo nos encontramos otro problema y que, paradójicamente, nos podría suponer repercusiones igualmente serias: el presentismo. Personas que, a pesar de estar sufriendo unos síntomas, no acuden a los servicios sanitarios o, si lo hacen, ocultan su situación a la empresa por miedo a que pueda comprometer su estabilidad laboral, o que valoran que no se pueden permitir económicamente la reducción de sueldo que supone una incapacidad temporal.  
 
Este caso, anteriormente común en autónomos y  pequeños  negocios familiares, puede llevar a situaciones potencialmente graves, no sólo para la persona enferma -que va a sufrir un empeoramiento de los síntomas y, por lo tanto, del pronóstico-, sino para la empresa o incluso para terceros. Imaginemos, por ejemplo, un escenario en el que el conductor de un autobús escolar tiene un accidente bajo los efectos de fármacos que provoquen somnolencia y pérdida de reflejos. ¿Quién debería asumir las responsabilidades derivadas? ¿La empresa de trasportes? ¿El trabajador que ocultó la situación? ¿El médico que debería haberse informado del trabajo desarrollado por su paciente y especificado qué actividades eran potencialmente peligrosas bajo los efectos de los fármacos que había pautado?
 
De forma añadida, nos encontramos con que no todos los cuadros ansioso-depresivos ni los cuadros de estrés agudo tienen que llevar aparejada una baja laboral. La valoración de cada caso debe ser individual. En muchos de ellos, precisamente lo deseable sería seguir trabajando, pero esa valoración debe hacerla un especialista y disponiendo del tiempo necesario para la misma. 
 
Asimismo, como decíamos, la normativa laboral está pensada para bajas físicas y no deja margen de maniobra específica en el caso de bajas psíquicas. El sistema de incapacidad temporal es de todo o nada: o estás de baja o estás de alta. Por tanto, nos impide plantear soluciones intermedias que en muchos casos serían idóneas, como determinar una reducción parcial del tiempo de trabajo o un cambio de las funciones del paciente. Es fácil entender que si una persona padece un cuadro de ansiedad generalizada provocado por la tensión de asistencia telefónica en un departamento de quejas, esa persona podría continuar su trabajo en otro departamento, mientras se trabaja a nivel terapéutico con el paciente. Esta situación, idónea para todos los implicados, haría necesaria la articulación de una vía de comunicación en la que los equipos terapéuticos mantuvieran una comunicación fluida con la empresa, aunque con los problemas que eso plantea en cuando a la confidencialidad de diagnósticos.
 
Y, por último, para hacer aún más compleja la situación, además de los no diagnosticados o con diagnósticos erróneos, las personas con problemas para gestionar las emociones, los “rentistas” y los “disimuladores”, estarían  los “simuladores”, esto es, personas que, sin padecer problema alguno, fingen síntomas con el fin de engañar y conseguir un beneficio secundario o, a veces, huir de un conflicto laboral. 
 
Los médicos de Atención Primaria, que son las personas encargadas de la determinación de la incapacidad temporal, se encuentran no sólo con el problema la presión asistencial que lleva aparejada la limitación de tiempo para realizar la anamnesis, valoración, diagnóstico y tratamiento, sino que, además, se les pone en el papel fiscalizador de pensar que la persona que tienen delante “les puede intentar engañar”, hecho que repercute negativamente en la correcta instauración del vínculo terapéutico. Por otro lado, a pesar de que se han desarrollado técnicas y test para detectar la simulación, es verdad que la Formación Continuada, tan necesaria en disciplinas como la Medicina o la Psicología, es un aspecto en el que nuestra sanidad tiene unas más que evidentes carencias. De forma añadida, la administración y corrección de estos test requiere un tiempo del que, como hemos señalado, no disponen los facultativos.
 
¿Qué se puede hacer, en un escenario sanitario-laboral-legal tan complejo y con tantas variables en juego? El NICE ha desarrollado una Guía de Salud Publica para profesionales de la Salud Laboral y de Atención Primaria, enfocado a manejar de forma adecuada y correcta las bajas prologadas, el Management of long-term sickness and incapacity for work. Su planteamiento base es realizar intervenciones multidisciplinarias integrales y trabajar con el sujeto enfermo desde planes de tratamiento personalizados.
 
Según el informe del Grupo de Política de Salud Mental de la Escuela de Economía de Londres, publicado en el año 2006, la terapia psicológica debería ser la terapia de elección, siendo la terapia farmacológica un coadyuvante los casos de depresión, ansiedad o ambos, sobre todo en aquellos que se detectan de forma precoz, dado que, a largo plazo, la terapia psicológica muestra efectos más duraderos y es más eficaz que el tratamiento farmacológico.
 
Para ello, es fundamental detectar o autodetectar. Las intervenciones de “screening” pueden servir, al igual que los exámenes médicos anuales, para detectar a aquellas personas que presentan síntomas. Es verdad que los reconocimientos médicos con carácter general son voluntarios, pero hay algunas excepciones legales como “cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud de los trabajadores puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa”. Para utilizar este recurso como mecanismo de control en aquellos puestos o departamentos donde la estabilidad psíquica pueda incidir de forma particular en el trabajo o por la responsabilidad laboral que tenga, es conveniente que con carácter previo se haya contemplado expresamente así y se haya justificado debidamente en el documento de evaluación de riesgos de puestos de trabajo. El mismo artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, prevé que “el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva”.
 
El acceso a terapias y profesionales adecuados y la comunicación eficaz entre éstos y la empresa podrían disminuir drásticamente el número de bajas psicológicas. En muchas ocasiones, no es necesario que éstas se produzcan o, en su caso, podrían ser breves, pues puede ser suficiente con algunos días para reducir síntomas incapacitantes. Sería positivo contar con la opción legal de plantear una reducción parcial de jornada durante el tiempo de intervención. Desde la Psicología, en la mayoría de los casos de depresión y ansiedad, se postula que una baja prolongada puede contribuir a cronificar el cuadro. Pero la poca comunicación que existe entre sanitarios y empresas y, por otro lado, la inexistencia de cauces para reducir los horarios o para llevar a cabo una movilidad funcional que disminuya temporalmente la presión laboral, desde el punto de vista administrativo o de política de empresa, dificulta enormemente el abordaje correcto de estos trastornos.
 
Creo que la introducción de esta posibilidad repercutiría tremendamente en la reducción de costes para empresas, Mutuas y Seguridad Social, en la reducción de la cantidad y el tiempo de  las bajas laborales, en la reducción del consumo farmacológico y en el aumento de la salud y la satisfacción de los trabajadores.
 
Como se ha dicho anteriormente, desde la Psicología se postula que las bajas de larga duración en la mayoría de estos casos pueden ser contraproducentes, pero también es verdad que, si el origen de la situación está en las condiciones laborares o en determinados factores dependientes del puesto de trabajo y estos no se modifican, el tratamiento incidiendo solamente sobre el individuo puede resultar una sucesión de bajas de corta duración o una baja prolongada. En muchas ocasiones pequeños o moderados ajustes de horarios (la medicación hace dormir más o la capacidad de atención y concentración requiere frecuentes pequeños descansos), funciones (menor responsabilidad durante un tiempo), puesto de trabajo (alejarle temporalmente del trato con el publico si es el factor que le provoca más ansiedad), etc. podrían repercutir beneficiosamente en todos los implicados, afectados y empresas.
 
Algunas de los aspectos para abordar los tratamientos deben modificarse desde la empresa, pero para ello debe establecerse de antemano como realizar la comunicación y quiénes son las personas, dentro del entorno laboral (médicos de empresa, aseguradoras, personal de recursos humanos, etc.) adecuados, así como el complejo tratamiento de los datos que se manejan.
 
Ante la sospecha de simulación, o cuando las bajas son recurrentes y se busca el mejor tratamiento con el fin de normalizar el correcto funcionamiento de la empresa, se puede solicitar que el trabajador sea examinado al margen del seguimiento que se le hace desde el Sistema Nacional de Salud. La empresa lo puede solicitar a su Mutua, lo puede hacer a través de médicos de empresa o puede concertarlo con profesionales externos. Por descontado, el contenido de ese reconocimiento del estado psíquico del paciente es confidencial y el empresario no podrá conocerlo; sólo sabrá finalmente si es “apto” o “no apto”, pero puede hacer esos reconocimientos. Y la negativa del trabajador a someterse, determinaría que el empresario pudiera suspender los derechos económicos que sean a su cargo (por ejemplo los complementos o mejoras económicas que pague la empresa durante la situación de incapacidad temporal).
 
Es evidente que tenemos una labor ingente para mejorar la situación económica y social de nuestro país. También una responsabilidad como sanitarios para garantizar a nuestros pacientes los mejores tratamientos, que adicionalmente son los más baratos a largo plazo. En definitiva, curar a los enfermos y desenmascarar los fraudes. Es una cuestión, sobre todo, de voluntad política. No parece que, en un tema en el que todos saldríamos beneficiados -profesionales, enfermos, empresas y Administración Pública- sea tan difícil articular, entre todos, la forma de conseguir este objetivo. 

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Por: Gutiérrez Salegui

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Categorías: Ana Isabel Gutiérrez Salegui, Artículos, Igualdad, Marie Claire, Mujer, Trastornos alimentarios

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15 de marzo de 2009

EL BURKA INVISIBLE

Publicado en revista Marie Claire, marzo 2009

Ahora que se habla tanto de la libertad de la mujer, de la cárcel perpetua que supone el burka, del género maniatado por imposiciones religiosas y sociales en el Tercer Mundo, no estaría de más abrir los ojos y ver lo que nos rodea. En el primer mundo la mujer está constreñida por otra obligación mucho más esclavizante y peligrosa, la perfección física (mucho más peligrosa, ya que, si bien es verdad que en países fundamentalistas la mujer que no se cubra corre el riesgo de ser golpeada o incluso encarcelada, en este nuestro primer mundo cientos de mujeres están muriendo por abrazar ciegamente la secta de la delgadez). Nos alegramos de ser capaces de pasar hambre, entramos en quirófanos sonriendo dispuestas a dejarnos cortar en cachitos, nos inyectamos sustancias extrañas en la cara, nos arrancamos los pelos de mil maneras posibles, compramos máquinas que nos den descargas eléctricas en los músculos, renunciamos al chocolate y otros placeres… El martirologio del siglo XXI está lleno de santas mártires anónimas miembros de una secta destructiva.

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Por: Gutiérrez Salegui

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Categorías: Adicciones, Ana Isabel Gutiérrez Salegui, Artículos, Depresión, Estrés, Estrés postraumático, Investigación, Israel, Tel Aviv, Universidad de Bar Ilan

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15 de enero de 2009

BAR ILAN, UN VIAJE AL FUTURO

Psicóloga y profesora de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Publicado en la revista Enfermería Facultativa, enero 2009.


Ana I. Gutiérrez Salegui con el Dr. Cyrille J. Cohen
 

Entrar en la Universidad de Bar Ilan (Tel Aviv, Israel) es una experiencia única para quien le interese la ciencia, la medicina y la innovación. Comprender su funcionamiento supone darse cuenta también de que otro modelo de gestión de la investigación sanitar aes posible. Y, además, muy rentable desde el punto de vista económico y, sobre todo, social.

Lo primero que sorprende del campus de Bar Ilan es la gran cantidad de gente que habla español. Lo segundo, el entusiasmo con el que todo el mundo se esfuerza por explicarte sus investigaciones, mostrarte los laboratorios y enseñarte sus resultados.
INVESTIGACIÓN, BIOMEDICINA Y NANOTECNOLOGÍA
Creación de pequeñas partículas de metal que entran en las bacterias y las matan. Curación de la ceguera cortical a través de la implantación de mocrochips en el cerebro. Ropa hospitalaria y vendajes que pueden ser llevados durante semanas. Virus del VIH manipulados para que introduzcan ADN con fines terapéuticos en el sistema inmunitario de pacientes con cáncer. Dispositivos para la curación de úlceras crónicas… Y así, hasta cuatrocientos estudios diferentes desarrollándose a la vez en sus 150 laboratorios.
ENFERMERÍA E INNOVACIÓN
Es imposible hacer un resumen de todas las investigaciones. Entre las más prácticas quizá se encuentren los vendajes con nanotecnología incorporada con capacidad bactericida, que se están desarrollando para las heridas en grandes quemados.

Otra reciente innovación es el EnzySurge creado por el Profesor Amihay Freeman, de la Universidad de Tel Aviv. Se trata de un dispositivo con capacidad de proveer el flujo de una solución salina o un antibiótico a heridas abiertas, quemaduras o úlceras, hidratando y acelerando el proceso curativo.

El dispositivo, de lavado flexible y hermético, reduce la exposición de la herida a elementos patógenos y proporciona un entorno húmedo y controlado para la óptima receptividad de enzimas proteolíticas bioactivas. El dispositivo está basado en tecnologías de terapia de lavado continuo (CTS, continous stream therapy). La acción limpiadora combinada incluye el drenaje permanente del exceso de exudados, una presión negativa leve que logra la remoción proactiva y más rápica de carga necrótica, y un medio hipertónico para la extracción del líquido sobrante.

El uso del dispositivo puede ser tanto hospitalario como en atención domiciliaria, lo que evita tiempo de ingresos prolongados que aumentan la probabilidad de infecciones iatrogénicas. Por otro lado, al ser transparente, permite la supervisión, por parte de los enfermeros, del estado de la herida sin tener que manipularla.

TERAPIA CONTRA EL CÁNCER

El descubrimiento que quizá más esperanzas puede traer en todo el mundo son las nuevas terapias contra el cáncer.

El equipo del Dr. Cyrille Cohen, del Laboratorio de Inmunoterapia e Inmunología, ha realizado impresionantes avances en los últimos años, centrados, sobre todo, en el tratamiento del cáncer de páncreas.

Para ello, ha comenzado por la constatación, a través de la citometría, de que las células del sistema inmunitario tienen diferentes comportamientos y que éstos cambian en función de determinadas hormonas que están directamente influenciadas por nuestra alimentación, patrones de sueño y estrés. Trabajando con estos factores hormonales intentan hacer cambiar la conducta de las células del sistema inmunitario para que actúen como una defensa más eficaz contra las células cancerígenas.

Este equipo ha comprobado también cómo el sistema inmunitario de determinados enfermos puede identificar algunas células cancerígenas y que son, precisamente, esas personas las que tienen mayores posibilidades de curación.

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

Otro de los departamentos más innovadores es el Deep Brain Stimulation (Estimulación Profunda Cerebral), en el que, entre otros problemas, investigan terapias farmacológicas y no farmacológicas para los trastornos psicológicos, uno de los problemas más preocupantes en el mundo occidental.

Actualmente, en nuestro país, entre el 50 y el 60 % de las consultas de atención primaria tienen que ver con este tipo de patologías. El equipo del Dr. Gal Yadid del Deep Brain Stimulation está investigando un nuevo método de intervención terapéutica en estados depresivos, adicciones y STPD (estrés postraumático), a través de la estimulación específica de áreas cerebrales y la optimización del funcionamiento neuroquímico cerebral aplicable, sobre todo, a pacientes que no responden a tratamientos convencionales.

UN MODELO DE INVESTIGACIÓN RENTABLE

En el recorrido por la universidad es patente el entusiasmo de todos los equipos por guiarte por las instalaciones y explicarte sus líneas de investigación. Una de las preguntas inevitables es: ¿aquí no hay fuga de cerebros? No. A la motivación de trabajar en uno de los centros punteros de innovación en medicina, se une un planteamiento económico muy viable. Los fármacos, las técnicas y la invención de dispositivos médicos son tan rentables para el país que justifican sobradamente que sus científicos no necesiten recurrir a la empresa privada.

Israel ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la obtención de patentes biotecnológicas per capita, después de Japón, Alemania y Reino Unido. Asimismo, es líde per capita en patentes de dispositivos médicos.

En la primera mitad de 2006, las exportaciones farmacéuticas y biológicas llegaron a 1.500 millones de dólares, unos 1.000 millones de euros aproximadamente, con un incremento del 58 % con respecto al mismo período de 2005. La investigación en Ciencias Biológicas en Israel y su desarrollo dan trabajo a 26.000 personas de un total de 7 millones de habitantes, siendo la producción de medicamentos genéricos una de las principales fuentes de empleo.

Con este enfoque, no es extraño que la partida presupuestaria de Bar Ilan sea de aproximadamente 100 millones de euros, provenientes de financiación gubernamental, colaboración con empresas y donaciones privadas. El futuro está en la ciencia parece ser una máxima creada para este lugar.

(Fotografía: Thinking Forward)

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