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EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA ENFERMEDAD MENTAL EN ACCIDENTES O DELITOS 0

Publicado en ¿Hay Derecho?, 05.04.15
A raíz del accidente de aviación de Germanwings hemos vuelto a ver la enfermedad mental en titulares. Titulares en su mayoría, carentes de fundamento médico y tremendamente dañinos para la idea que la sociedad se hace de la enfermedad mental y para la que los propios enfermos mentales se pueden hacer de sí mismos. 
Al igual que durante mucho tiempo se reivindicó que las noticias relacionadas con crímenes no aludieran al origen étnico o racial, para evitar una asociación injusta o un sesgo, en el que la sociedad percibiera a los pertenecientes a esos grupos concretos como delincuentes, debería plantearse lo mismo en el caso de las enfermedades mentales, ya que la imagen que la sociedad tiene de las personas que sufren este tipo de patología conlleva un terrible estigma que hace muy difícil su integración total, lo que a su vez conlleva ocultamiento a todo el entorno (entorno laboral incluído), vergüenza y resistencia, muchas veces, a ponerse en tratamiento. Sólo en contados casos la enfermedad mental tiene que ver con el delito cometido, por ello, es extremadamente necesario ser cauteloso en su tratamiento informativo. Es fácil ver la ausencia de relación en una cabecera que rezara Varón con hemorroides secuestra a un vecino pero no es tan fácil verla cuando hablamos de enfermedad mental. 
Mucho se ha hablado estos días de ideación suicida y suicidio, también en un principio de depresión severa y, en los últimos días, ya completamente cegados por el morbo especulativo, de suicidio extendido, trastorno psicosomático, crisis confusional, trastorno delirante, trastorno bipolar y trastorno de ansiedad generalizada. Pero, con mucho, mi diagnóstico favorito ha sido ictus obnubilante, que, por cierto, de existir esa categoría, no sería ninguna enfermedad mental. Les advierto, señores periodistas, que a este paso se les va a agotar el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) y a ampliar, ustedes solitos, la terminología médica. 
El mayor problema además es la atribución de causalidad de la conducta a la enfermedad en sí, en lugar de a la persona. Cada una de las enfermedades que han sacado a relucir en sus vistosas portadas podrían haber sido sufridas por el copiloto de Germanwings y también puede haber sido una conducta propositiva la que le ha llevado a estrellar el avión, pero una cosa no tiene per se por qué ser la causa de la otra. Esperemos al dictamen de los psiquiatras y psicólogos forenses que llevan el caso directamente. 
Empecemos por el suicidio. En el año 2012, 3.549 personas se quitaron la vida en España. Les aseguro que lo intentaron muchísimas más, pero el INE no registra a los que sobreviven a los intentos de autolisis. 
De ellas casi nadie hizo daño físico a nadie más que a sí mismo y puntualizo el casi porque hay dos excepciones, los casos de violencia machista en los cuales el agresor mata primero a su pareja e incluso a sus hijos y después se suicida y los suicidios extendidos, bastante infrecuentes y en los que el suicida intenta evitar el sufrimiento en la vida a las personas que quiere, siendo las victimas, más frecuentes hijos, padres o parejas. En ambos, aunque parejas e hijos pueden ser victimas la motivación y el estado mental del perpetrador son muy diferentes. Este último, que sería la categoría en la que se ha querido incluir al Señor Lubitz, es bastante inhabitual.
Respecto a la depresión, European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) (Alonso et al., 2004) el 40% de los europeos han sufrido un trastorno del estado de ánimo en su vida. Casi la mitad de las personas con las que nos cruzamos por la calle, o la mitad de los lectores de este post. Las personas deprimidas, al igual que los suicidas sólo se hacen daño, indirecta o directamente a sí mismas. Bastante tienen con que muy poca gente entienda su enfermedad, con sentirse culpable en una sociedad que “te exige ser feliz” pero que te ayuda poco a ello, como para que además ahora crean que les miran como a potenciales “asesinos en masa”.
El trastorno de ansiedad generalizada, también bastante frecuente entre la población, tampoco genera instintos homicidas. Y lo mismo ocurre con los trastornos psicosomáticos entre los cuales pueden estar algunos tipos de migrañas, dolores abdominales, el colon irritable, la rinitis vasomotora, dermatitis y un largo etcétera entre los que sí, también se incluyen problemas de visión.
Veo muchos trastornos psicosomáticos en mi consulta, nunca se me ocurriría preguntar si su síntoma, enfermedad o problema les provoca ganas de matar. Como todos los anteriores, quienes sufren son ellos. 
Respecto a los bipolares, en un estudio realizado por Jillian Peterson y publicado por la revista Law and Human Behavior encontraron que de 429 casos analizados bajo tres tipos de enfermedades, los investigadores descubrieron que únicamente el 3% de los delitos estaban asociados con la depresión (desesperanza y pensamientos suicidas), el 4% con la esquizofrenia (alucinaciones y delirios) y el 10% con la bipolaridad (impulsividad y conductas de riesgo). En los casos estudiados, las personas cometían la mayoría de los delitos por pobreza, marginalidad o consumo de drogas, no inducidos por NINGUN síntoma de su enfermedad. Vamos, los mismos delitos que podríamos haber cometido cualquiera de nosotros si fuéramos pobres, viviéramos en condiciones de marginalidad o consumiéramos drogas, y entre estos delitos, creo que mi condición de psicóloga forense me capacita para afirmar, no se encuentra el asesinato de 150 personas. 
Por su parte el Estudio MacArthur, un trabajo multidisciplinar realizado en EE.UU. durante más de una década, intentó ser un instrumento de valoración científica del riesgo de violencia y crear una posible herramienta clínica . La investigación arrojó dos predictores para la conducta violenta: uno la psicopatía y otro, el haber sido víctima de malos tratos durante la infancia. 
Y, por si no lo saben, la psicopatía no es una enfermedad mental, es un trastorno de personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad sabe perfectamente lo que está bien, lo que está mal y las consecuencias de sus actos. Pero tampoco estigmaticemos a los psicópatas, después de todo estamos rodeados de ellos. Y para su tranquilidad la mayoría es lo que denominamos psicópata adaptado. 

En el caso Germanwings habrá que buscar los motivos que provocaron los hechos y, de probarse un trastorno, determinar si los controles psicológicos han sido los adecuados en una profesión en la que muchas vidas están bajo el control de un reducido equipo humano. Pero si se hace con los pilotos debería hacerse con los conductores de autobuses, los encargados de confeccionar caterings, las fuerzas de seguridad, los feriantes y -¿por que no?- los jueces. 
La Asociación Americana de Psiquiatría (APA), defiende que “la mayor parte de las personas violentas no sufren enfermedad mental y que con tratamiento, la persona con trastorno mental no es más peligrosa que la población general”, así que señores periodistas, dejen de ser psicoamarillistas y sean conscientes del daño que están haciendo a un colectivo vulnerable, estigmatizado y, en su casi totalidad, inofensivo.

CITADA EN ARTICULO SOBRE ESTAFAS HIPOTECARIAS 0

 

El usurero que da la cara

  • Aunque muchos se la quieren romper. Antonio Arroyo presta dinero al 29% y termina quedándose con las casas de decenas de familias. Varios juzgados le investigan por estafa. Uno de sus clientes se suicidó. «Yo tengo corazón», se defiende

  • DANIEL VIDAL

Tiene razón Antonio Arroyo en una cosa: «Ningún juez ha dicho que yo haya estafado». Y eso es verdad. También es cierto que la justicia pisa los talones desde hace unos años a este prestamista sexagenario, con cierta voz de pito y aspecto de funcionario fiable, que todavía seguirá visitando un buen número de tribunales por las denuncias que le ponen decenas de clientes en toda España. Familias con graves apuros económicos que en su día, maldito día, firmaron un crédito rápido con Arroyo y ahora se sienten engañados y estafados por el empresario, inmerso en el boyante negocio de la financiación entre particulares desde el año 2001. Está considerado el mayor usurero de este país.
«Yo no soy el rey del préstamo», zanja por teléfono. «¿Que si me he hecho rico? Me da vergüenza contarle mi situación económica. Sí, tengo divisas, alguna que otra vivienda y varias fincas por ahí, pero también tengo los problemas de cualquier empresario», suelta sin dar detalles. «Y mucho menos soy el rey de la estafa, eso lo tendrá que decir un juez». De momento se han archivado 40 causas contra él y están tramitándose «otras 15», según sus propios cálculos. Ni siquiera se ha sentado en el banquillo. Le han detenido tres veces, pero siempre ha salido limpio. «Mi abogado soy yo -sonríe el prestamista- y estoy al corriente de ciertos problemas con ciertos clientes». Uno de ellos, Javier Rega, acabó quitándose la vida. Se trata de un vecino de Manises (Valencia) que quiso refinanciar su retroexcavadora y dejó un hijo discapacitado y una viuda, Ramona Navarrete: «No quiero dar pena, solo quiero que se haga justicia. Este señor nos estafó».
«Desgraciadamente, este pobre hombre no pudo hacer frente a sus deudas y lo afrontó de la peor manera. Yo lo siento mucho por él y por su familia, pero no puedo hacer otra cosa», responde Arroyo. O quizá sí. «A mi marido ya no me lo van a devolver», se lamenta la viuda, «pero la denuncia que le hemos puesto ha logrado paralizar el desahucio».

‘El patadas’

Todos los afectados por la avaricia de Antonio Arroyo, «que pueden llegar hasta los 1.500», calcula el abogado de la asociación ‘Stop Estafadores’, Carlos Galán, tienen el mismo perfil. «Personas con necesidades financieras urgentes, con dificultades de acceso al crédito bancario pero con una vivienda libre de cargas», que al parecer es lo que siempre busca el empresario de Jaén, al que algunos en Madrid conocen como ‘El patadas’ por sus métodos expeditivos y que durante muchos años trabajó en el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España. Todos describen el mismo ‘modus operandi’: «Una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, documentos bancarios falsificados y la presencia final de un notario presuntamente compinchado acaban envolviendo a la víctima para que firme, en realidad, un préstamo con garantía hipotecaria -es decir, con su casa como aval- por un importe muy superior al recibido y con un vencimiento a seis meses, momento en el que los intereses se disparan al 29%». Entonces, la deuda se multiplica, el pago se hace inasumible y Arroyo ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda. «Yo tengo corazón… No me gusta echar a nadie de una casa», se defiende locuaz el prestamista, que siempre da la cara: «Ya ve. No soy un fantasma».

Ya, pero usted ha sido el responsable directo del desahucio de medio centenar de familias.

Hay gente a la que hemos llamado 200 veces para negociar y nos ha dado largas.

También ha vendido los derechos de las hipotecas de otras 300 viviendas. Dicen que quien no coge el teléfono es usted: no quiere que sus clientes le paguen para quedarse con sus casas.

Eso es mentira. Las casas dan problemas. Por lo general, lo que quieren los prestamistas es cobrar. No queremos pisos. Yo quiero que me paguen. A mí me interesa el dinero.
Umberto Jiménez, un vecino del barrio madrileño de Tetuán, divorciado y con un hijo, ha sido el último en entregar las llaves de su vivienda a la fuerza después de ponerse en manos de Antonio Arroyo. La historia se repite en decenas de casos. Rafael, Juan, Teresa, Concepción, Jesús, Miguel Ángel… «La manera de actuar se ha elaborado durante años por parte de una trama delictiva perfectamente organizada. Las 60 denuncias que estamos tramitando son solo la punta del iceberg», alerta el abogado Carlos Galán. El letrado de Adevif (otra organización ‘antiestafadores’), Santiago Landete, también tiene un buen puñado de denuncias en el horno. «El ‘modus operandi’ es el de estas personas, que ahora se han puesto de acuerdo para denunciarme. Antes no me reclamaban nada. El problema es que muchos de ellos se han visto con dinero, y en lugar de pagar deudas, se han gastado ese dinero en otras cosas», contraataca Arroyo.
Umberto se quedó sin ingresos. «Vi un anuncio en la tele, pedí un préstamo de 4.000 euros, a pagar 100 euros al mes, y a los seis meses me llegó una carta en la que me exigían 32.000. Ahora estoy sin casa. Se ha quedado hasta con mis pantalones. ¡Pero si no le valen, que mido 1.90!». Este vigilante de seguridad en paro, aún con ánimo para bromas, ni siquiera leyó el documento. «Tenían mucha prisa, me avasallaron, me fié del notario… y yo quería cobrar, la verdad. Me dijeron que me enviarían el contrato al correo. Lo único que me llegó fue la carta con la reclamación». Sin embargo, no solo la cuidada metodología de Arroyo, la desesperación o el descuido de la víctima juegan un papel clave en esta historia. Las notarías a las que siempre acudía el prestamista para firmar los contratos, y que han sido señaladas por todos los afectados, son factores determinantes a la hora de que las víctimas pasen por el aro. También han sido investigados y también se han ido de rositas, de momento. ¿Quién va a desconfiar de todo un señor notario?

«Te sientes un idiota»
«Resulta tan difícil creer que te puedan estafar ante notario como que te puedan robar en una comisaría o que te pueda apuñalar una monja», valora la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, que también analiza el estado de «miedo, estrés, desesperanza y ansiedad» en el que se encuentran todos los clientes de Antonio Arroyo, así como su alto grado de vulnerabilidad y, a posteriori, de culpabilidad: «Te sientes un idiota, incluso la familia te ve como un idiota, pero nosotros somos víctimas», se sincera Umberto, cuya denuncia acaba de ser admitida a trámite. Ahora recibe cobijo gracias a la caridad: «Pasar por esto es muy duro. Te puedes hundir. No me extraña que haya suicidios. El problema es que, mientras hablamos, probablemente esté engañando a otra persona. Y donde tiene que estar es en la cárcel».

Seis juzgados de Madrid, repletos de demandas contra el prestamista, pidieron hace unos meses a la Audiencia Nacional que iniciara una investigación sobre la presunta trama: «Existen indicios de que los hechos denunciados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada», argumentó la juez Isabel Durántez. Su colega Santiago Pedraz, sin embargo, rechazó la petición. Las asociaciones quieren que los casos se investiguen de forma conjunta porque «así los jueces tendrán una visión global de la estafa». Arroyo, al otro lado del ‘ring’, sigue negando la mayor: «El estafado, muchas veces, he sido yo».

¿Y clavando un 29% de interés a personas en la ruina, no siente que se aprovecha de la gente?

¿Yo? En absoluto.

Para leer el artículo completo aquí

ARTICULO SOBRE TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN IDEAL.ES 0

  • Los especialistas alertan del incremento de afectados por conductas alimentarias, cada vez más difíciles de detectar. Espido Freire es la última cara conocida en hablar de su experiencia sin tabúes

Cualquiera que mire las estadísticas relativas a los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) podría pensar que la situación se ha mantenido estable en los últimos 15 o 20 años, época en la que comenzaron a ser conocidos por el gran público. Actualmente, se estima que entre el 1% y el 3% de la población sufre anorexia nerviosa; que entre el 3% y el 5% padece bulimia y que en torno a un 2% manifiesta lo que se ha dado en llamar trastorno por atracón (ingesta compulsiva en episodios que se repiten con cierta frecuencia). Es decir, prácticamente lo mismo que entonces.
Sin embargo, según el discurso de los especialistas la situación no es, ni de lejos, halagüeña. «No hay cifras oficiales y no tenemos porcentajes precisos, pero sí hemos observado que los perfiles de los pacientes han cambiado mucho y las fronteras entre los diversos TCA se han difuminado. Los clásicos (anorexia y bulimia) siguen existiendo en la misma proporción, pero tenemos además que sumar los llamados TCA no especificados, que en realidad son los que más se diagnostican actualmente», apunta Cecilia Caruana, psicóloga de Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER), en Madrid.

PERFILES DIFUSOS

Este concepto de TCA no especificado hace referencia a personas que no cumplen estrictamente todos los criterios clínicos para ser diagnosticados de un TCA puro, pero presentan varias conductas patológicas propias de ellos. Así, los terapeutas se encuentran cada vez más trastornos mixtos, incompletos o asociados a otros problemas mentales.

«Indudablemente, tenemos más volumen en las consultas, independientemente de las estadísticas, pero lo verdaderamente destacable es que el diagnóstico y el tratamiento es más complejo porque nos encontramos cuadros clínicos mixtos y también muchas comorbilidades; es decir, otras enfermedades o sintomatología mental asociada al TCA; fundamentalmente trastorno límite de la personalidad y problemas graves de conducta», dibuja Gustavo Faus, director asistencial del Instituto de Trastornos Alimentarios (ITA) de Barcelona; un centro especializado en el manejo de estas patologías.

De esta manera, y según explican los expertos, los tentáculos de los TCA están empezando a llegar a edades cada vez más tempranas, a mujeres que rondan la menopausia y a los varones. «En realidad, el grueso sigue estando en la adolescencia, pero es cierto que el resto de casos va siendo menos infrecuente», relata José Manuel Moreno, de la Asociación Española de Pediatría.
Este especialista llama la atención sobre un fenómeno que ha influido en este cambio de tendencia. «Se ha adelantado la edad en la que los niños, concretamente las niñas, comienzan a recibir mensajes acerca de la importancia de tener una imagen, una talla y un peso concretos. Es un momento en el que la personalidad apenas está empezando a forjarse y son muy vulnerables».

La escritora Espido Freire coincide en todas y cada una de las apreciaciones de estos expertos y movida precisamente por estos cambios decidió escribir un segundo libro al respecto. En el primero, ‘Cuando comer es un infierno’ (Ed. Aguilar) ahondaba en las causas, secuelas y testimonios de personas que, como ella, habían sucumbido a la bulimia. En el segundo, ‘Quería volar, cuando comer era un infierno’ (Ed. Ariel), Freire refleja esta ampliación de perfiles y la diversificación de diagnósticos. «Los límites y los estereotipos de los TCA se han roto por completo. Aunque no esté diagnosticado, prácticamente todos mantenemos una relación anómala con la comida. El problema es que estamos medicalizados y si no se presenta el cuadro típico completo no se hace nada, cuando en realidad, si se dan dos o más conductas juntas hay que actuar», explica la autora quien, también coincidiendo con el resto de profesionales, apunta que a pesar de todos estos cambios hay cosas que siguen igual; para mal.

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO

Según denuncian, la conciencia de las familias, el entorno escolar y las propias pacientes ha evolucionado a mejor; por eso el diagnóstico cada vez es más precoz (lo cual es beneficioso). Sin embargo, no ha sido así en otros aspectos como la presión social sobre el físico, el desorden alimentario (oferta no saludable, horarios irregulares, normalización de dietas de riesgo…), la banalización de la cirugía y otros procedimientos estéticos que te hacen creer que puedes cambiar tu imagen ilimitadamente y, sobre todo, la percepción que tenemos de lo que realmente es un TCA.

Y es que aún persiste la idea de que se trata de un problema de adolescentes o de niñas tontas que aspiran a ser modelos, cuando en realidad son problemas mentales mucho más complejos que se manifiestan en una conducta alimentaria anómala, pero que van mucho más allá. Por este error de concepto, se está obviando a pacientes masculinos o a mujeres adultas (y mayores), a personas que no tienen problemas de peso evidentes y a las enfermas que no están curadas del todo. «Una de las características de estos pacientes es su capacidad de adaptación, así como su perfeccionismo. Así, si únicamente prestamos atención a su relación con la comida y a su peso, en cuanto hayan logrado pesar lo adecuado se les dará el alta, pero el problema seguirá larvado, con el consiguiente riesgo de cronificación y recaídas», apostilla la portavoz de ADANER.

Con respecto a los varones, «progresivamente, la presión sobre la imagen de los hombres está adquiriendo los mismos tintes negativos que sobre la mujer; aunque a ellos lo que se les exige es machacarse en el gimnasio para obtener un cuerpo cincelado, lo que a veces les lleva a obsesionarse con el ejercicio y el control de la dieta, así como al consumo de sustancias poco recomendables», abunda Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga especialista en adolescencia y TCA.

El escenario social y familiar está regido por unas reglas perversas en las que el éxito está asociado indefectiblemente a la belleza exterior y a la juventud; aspectos que hay que lograr de cualquier manera y cueste lo que cueste (económica y emocionalmente) porque de lo contrario «o eres pobre o eres un descuidado», resume Freire.

¿Y cómo se rompe ese bucle nocivo? Además de pedir más atención para la psiquiatría y psicología infantojuvenil, un acuerdo definitivo sobre el tallaje, una mayor formación en hábitos de vida saludable, una menor presión sobre la imagen y el peso corporal, una regulación efectiva sobre los mensajes publicitarios y sobre los medios de comunicación, una articulación óptima de los recursos sanitarios, los especialistas coinciden en un aspecto fundamental que no depende de las instituciones ni organismos reguladores: dar ejemplo.

UN APOYO FUNDAMENTAL

«Los impactos están ahí y no podemos negarlo. Pero la familia es fundamental para acompañar y ofrecer una visión crítica que ayude a los más jóvenes a interpretar la realidad y a ver que la realidad es otra cosa», argumenta Faus.

La nutricionista María Teresa Barahona, quien está a punto de sacar un cuento solidario titulado ‘¡Qué divertido es comer fruta!’, enfatiza este punto. «No podemos pretender que nuestros hijos establezcan una relación saludable con la comida si nosotros mismos estamos haciendo dietas milagro por nuestra cuenta, si permanentemente hacemos comentarios sobre los kilos que nos sobran o sobre el trasero tan gordo que tiene tal o cual persona; es decir, si nosotros mismos no lo tenemos asimilado».

De esta manera, ha de haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y desterrar la idea de que hay que lograr la perfección absoluta y sin fisuras, así como eliminar la belleza como único parámetro para medir la valía de las personas. En definitiva, inculcar otros valores que no tienen relación con lo puramente físico.

«Incluso en profesiones asociadas a la imagen y a una cierta frivolidad encontramos ejemplos que nos pueden servir como referente porque son buenas profesionales, tienen una trayectoria destacable, se identifican con causas solidarias, son inteligentes… independientemente de que su belleza se ajuste a los cánones o no; pongamos el foco en esto y no solo en las tallas o la comida», anhela Espido Freire.

Para consultar el artículo completo: Link

ESTUDIO PSICOLÓGICO SOBRE ESTAFAS EN PRÉSTAMOS DE CAPITAL PRIVADO 0

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense

Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho?, 01.10.14

Desde hace algún tiempo parecen haberse extendido en nuestro país las prácticas delictivas relacionadas con préstamos hipotecarios. El fenómeno ha cobrado relevancia mediática y hemos visto cómo muchas familias denuncian haber sido víctimas de este tipo de estafas, que persiguen apoderarse de un inmueble con un ínfimo desembolso económico.
Para ello, los estafadores tendrán que conseguir antes que el propietario, en situación de apremiante necesidad económica, hipoteque su vivienda, firmando ante notario un préstamo con un capital superior al que realmente recibe, unos intereses de demora desproporcionados, un valor de tasación fijado sin ningún criterio de mercado y un plazo de devolución mucho más breve del convenido verbalmente.
¿Es difícil lograr engañar a alguien hasta ese punto? Veremos que no tanto.
Los afectados se mueven luego entre la autoculpabilización por haber caído en la trampa y la doble victimización que se deriva de la incomprensión social y de la escasa atención judicial a sus denuncias. Pero, como tuve ocasión de exponer en las jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Madrid sobre estafas hipotecarias, la operativa que despliegan estos delincuentes está sumamente elaborada no sólo desde un punto de vista legal o económico, sino también psicológico.
En una amplia denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, redactada por Carlos Javier Galán, abogado que se ha destacado por la denuncia pública de estas prácticas, se describe, a partir del testimonio de centenares de afectados, el modus operandi más frecuente por parte de estas redes. En lo que se narra acerca del comportamiento de los prestamistas e intermediarios para consumar estas estafas, nada es casual. Ni siquiera aquellos detalles que podrían parecernos menos relevantes. Vamos a analizarlo brevemente a la luz de la psicología.

LA ESTAFA

La estafa suele ser definida como un delito que se ejecuta contra el patrimonio o la propiedad y que se perpetra por medio de un engaño, a través del cual, una persona o grupo, utilizan diferentes estrategias y mentiras para disminuir la percepción de la victima, provocando que ésta cometa un acto de disposición sobre su patrimonio que le ocasiona un perjuicio económico a sí misma o a terceros.
Engañar a una persona puede ser producto de la suerte o de vulnerabilidades previas de la victima concreta. Cuando se trata de un numeroso grupo de afectados es habitual tener detrás un cuidadoso diseño del modus operandi, estudiado para disminuir la atención, la percepción y solventar las precauciones y dudas que, en cualquier persona, cuando está en juego su patrimonio y el de su familia, aparecen.
Si bien aparentemente en el análisis individual parece que puede haber diferencias entre casos, al realizar una apreciación conjunta de toda la casuística se observan con facilidad los patrones comunes. Para ser más concretos, la existencia de un grupo de víctimas, con diferentes perfiles socio-educativos, distintas profesiones y circunstancias, nos indica que, más allá de las diferencias individuales de esa casuística, adaptadas a las circunstancias anteriores, tenemos un estudiado método de distracción y malabarismo psicológico.
En la estafa el modus operandi se articula en torno a la psicología de la víctima, en cómo conseguir que una persona, en las circunstancias adecuadas, por predisposición (situación de necesidad económica) o  creadas artificialmente (ansiedad ante una espera forzada,) disminuya sus defensas (juicio crítico) y acceda a meterse inconscientemente en la trampa que se le ha urdido. Comúnmente se suele decir que en las estafas tiene gran parte de implicación la avaricia de la víctima, pero en el caso que nos ocupa es más bien la situación de desesperación la que, como vamos a explicar, interfiere en la capacidad para hacer que una persona pase por alto aspectos que podrían alertarla sobre un posible engaño. En la avaricia, el sentimiento de base es el deseo; en la extrema necesidad, la ansiedad y el miedo. El estrés continuado de estos sentimientos afecta de forma severa a la atención, concentración, memoria y capacidad de solución de problemas, como demostraron Hayes, JP y Colbs (2012). Sobra decir en este punto que, el marco de la crisis económica actual, con la cuasi imposibilidad de perspectivas laborales, favorece y agudiza este estado psicológico.
La “victima perfecta” para este tipo de engaños tiene una necesidad económica acuciante y una situación en la cual los cauces habituales de préstamo económico le son denegados.
La captación de la victima se realiza a través de páginas de Internet fundamentalmente, cuidadosamente diseñadas para dar una imagen de profesionalidad y seriedad, produciéndose el “efecto halo” descrito por Thorndike (1920) por el cual se produce un sesgo cognitivo que hace que percibamos algo o a alguien como fiable, legal y serio si su imagen nos lo trasmite. Actualmente en marketing esta técnica es muy usada como estrategia para mejorar la percepción de algunos productos. Buscando la explicación en la lógica, la teoría del “efecto halo” se basa en la falacia por asociación, una falacia inductiva por la cual inferimos que las cualidades de un objeto específico se corresponden con las de un grupo general. Las falacias por asociación son un caso especial de ignoratio elenchi que se resumen en el siguiente esquema:
– El elemento A pertenece al grupo B.
– A posee una característica determinada.
– Por lo tanto, todos los elementos de B poseen dichas características.
Para comprender el resto del proceso, es necesario continuar realizando un ejercicio mental de empatía. Contextualizando, las víctimas frecuentemente llevan a la espalda un largo camino de problemas económicos y de búsqueda de soluciones frecuentemente denegadas o infructuosas. Se encuentran en una situación de miedo, estrés, desesperanza y ansiedad. En muchas ocasiones, esto se agrava por la autoimposición de guardar silencio ante familiares, clientes o proveedores, bien por proteger a sus seres queridos, o bien por salvaguardar la imagen de su negocio. Éste es uno de los factores que va a jugar a favor de los estafadores. A muchas víctimas les será imposible consultar la toma de decisiones, dada la ocultación de la situación a su entorno. En otros casos, la imposibilidad de consultar con un abogado vendrá impuesta por la dificultad de pagar sus honorarios.
En este estado psicológico y económico es cuando se produce la llamada de aceptación del préstamo. El hecho de poner su domicilio como aval hace que la persona no perciba que, en ninguno de los casos, se han producido las averiguaciones encaminadas a determinar la capacidad de pago del prestatario.
Hay que ser consciente de que este modus operandi ha sido diseñado y pulido a lo largo de años con el objetivo de hacer desaparecer la mínima suspicacia o resistencia psicológica y ni un solo componente se ha dejado al azar, como vamos a ver analizando la secuencia habitual de los hechos.
FACTOR 1: LA SORPRESA
Las citas en notaría por parte de estas redes delictivas se conciertan con muy poca antelación, generalmente con uno o a lo sumo dos días de antelación.
Normalmente la persona, que ha sufrido denegaciones de préstamos por parte de bancos con anterioridad, no se ha asesorado ni pedido a alguien que le acompañe, ya que no quiere arriesgarse a otra negativa.
El hecho de estar en situación económica desesperada (y que muchas veces se oculta a familiares, amigos o clientes por motivos obvios) impide pedir consejo.
La falta de capacidad económica disuade también de consultar con un abogado o un asesor.
FACTOR 2: LA INMEDIATEZ
“Siempre se le informa de que tiene concedido su préstamo, la solución a su problema, pero se le advierte de que, en caso de no poder firmar ese día, la operación se tendrá que aplazar “sine die”, alegando diversas excusas para ello (viaje del prestamista, posibilidad de que se adelante otro prestatario y luego no se encuentre capital, etc., etc.)” (De la denuncia ante la Fiscalía de la AN).
Este factor coloca a la víctima en una disyuntiva: si no accede seguirá en su situación de desesperada necesidad (consecuencia segura), si accede puede encontrarse con una situación de riesgo (consecuencia posible). La opción es elegir entre un miedo y un miedo mayor. Aquí se ponen en marcha los mecanismos psicológicos asociados a la negación del riesgo que pueden expresarse de variadas formas. La más simple de ellas, la negación directa: “a mi no me va a pasar”.
La negación puede definirse como impensabilidad. En los diferentes estudios sobre riesgo percibido en marketing, se reseña siempre que “cuanto más urgente sea la necesidad, menos evaluación se realizará”,ergo en un estado de necesidad extrema la evaluación se minimiza y las dudas se disipan a través de los mecanismos de disminución de la “disonancia cognitiva” (Festinger, 1957).
La disonancia cognitiva es un estado de tensión y ansiedad que se produce cuando hay discrepancias o contradicciones entre decisiones, creencias o comportamientos. En la teoría de la disonancia cognitiva, el resultado entre caminos opuestos de pensamiento será el que requiera el menor estrés emocional, en nuestro caso el miedo menor, menos acuciante o menos probable.
Generalmente todos, en una situación de disonancia cognitiva, tendemos inconscientemente a disminuirla para recuperar el equilibrio. Y, para reducirla, podemos comportarnos o argumentar a favor de la decisión tomada, para darnos tranquilidad y convencernos del porqué de esas decisiones, dado que deseamos bajar el nivel de ansiedad que nos produce tal disonancia. De esta manera, analizaremos lo que nos ocurre desde la atención selectiva, dando importancia a los datos que avalen la decisión que queremos tomar e ignorando aquellos que nos generen dudas. En este punto cumplen un papel fundamental la elección del marco -una notaria- y la aparición de referencias a instituciones o entidades bancarias de prestigio.
La disminución de cualquier percepción de riesgo y aumento de ansiedad y miedo se optimiza estratégicamente a través de la idea de que “si no te decides puedes perder la oportunidad”. Esta artimaña, ampliamente utilizada en marketing y en técnicas de venta, la describe perfectamente Vélez León en su libroEl síndrome del gato lleno: “El cierre de la venta debe ser provocado por el vendedor a menos que el cliente lo solicite inmediatamente”. Entre las cuatro estrategias de cierre que explicita están:
– Cierre por oportunidad: el vendedor establece una situación de urgencia, necesidad o de unidades limitadas, para crear prisa en el cliente y hacer que éste opte por realizar el pedido.
– Cierre derivado: el vendedor hace entender al cliente que pospondrá la venta, pues existe gran demanda del artículo o algún otro cliente está esperando realizar un pedido urgente.  
FACTOR 3: DISPARAR LA ANSIEDAD MEDIANTE LA ESPERA
“No siempre, pero en un número de ocasiones elevado y muy significativo, estando ya sentados para firmar -no en la sala de espera de notaría, sino ya dentro en la propia sala de reuniones y en la mesa donde se llevará a cabo luego la firma-, de pronto los intermediarios atienden una llamada y alegan alguna excusa por la que el prestamista se retrasa: un atasco, una reunión previa que se ha complicado, etc. Todos esperan pacientemente en la mesa donde ya pensaban firmar de inmediato durante un largo período de tiempo, una o dos horas e incluso en algunas ocasiones más. A veces la víctima tiene previsto regresar a su lugar de origen y tiene ya billete de tren o de avión con hora para ello, que teme que pueda perder…”. (De la denuncia ante la Fiscalía de la AN).
Tras esa larga espera, que reaviva las incertidumbres, inevitablemente la víctima “bajará la guardia”, estará deseando ya firmar “como sea”.
Las alteraciones de la atención, han sido estudiadas entre otros por Eysenk en el Instituto de Psiquiatría de Londres, siendo sus trabajos la referencia en el área. En estudios llevados a cabo sobre voluntarios sanos, pudo demostrar que el componente psicológico de la ansiedad es fuente de fenómenos cognitivos parasitarios, que disminuyen la posibilidad de un correcto tratamiento del estímulo (en este caso la información) y alteran específicamente la capacidad de memoria inmediata operatoria. La competencia entre  información pertinente o adecuada (estímulo)  e información inadecuada (ansiedad), modifica la selectividad de los procesos atencionales y necesitaría un mayor esfuerzo de atención por parte del sujeto. Esto se traduce por una menor eficacia, especialmente observable en tareas más complejas” (Psygnos)
FACTOR 4: LA CONFIANZA EN EL ENTORNO
El escenario en el que nos movemos es fundamental para aumentar o disminuir los niveles de alerta y percepción de riesgo. Una cosa tan simple como es la ausencia de luz puede hacer que sintamos miedo en la misma calle que horas antes transitábamos apaciblemente.
El escenario elegido para desarrollar los hechos, una notaria, hace que la persona perciba como ridícula cualquier prevención previa que haya podido pasarse por su mente.
La profesión notarial goza de bien ganado prestigio social, los ciudadanos tienen una percepción de fiabilidad y de confianza ante un notario.
Y la víctima no sospecha lo que más tarde descubrirá: que unos pocos notarios muy concretos enturbian esta imagen porque están siendo, en estos casos, la excepción a la regla general.
Dentro de los estereotipos socialmente forjados, resulta tan difícil dar crédito a que te puedan estafar “ante notario” como a que te puedan robar en una comisaría o que te pueda apuñalar una monja.
Automáticamente cualquier idea de ese tipo queda clasificada como “idea irracional”. Y, por lo tanto, es descartada.
FACTOR 5: LOS AVALES DE ENTIDADES BANCARIAS
“… Se le hace firmar lo que los presuntos estafadores llaman una “oferta vinculante”, un documento falso, supuestamente expedido por una entidad bancaria, donde al prestatario se le muestra el capital que se han comprometido a entregarle y la forma de devolución futura en mensualidades”. (De la denuncia ante la Fiscalía de la AN).
Cumple la misma función que la elección del entorno: cuando más conocidas sean las referencias que nos enseñan, más contribuirá a tranquilizar las pocas reticencias que, a esas alturas del desarrollo de los hechos, puedan quedar.
Y si nos enseñan un documento con el sello de un banco conocido y que sí recoge las condiciones pactadas verbalmente, ayuda al engaño.
Resulta entonces fácil que el afectado piense que eso es lo mismo que poco después ratificará en la extensa escritura que firmará ante notario, sin percatarse de que el contenido de ésta ya nada tendrá que ver con el de ese documento privado, que no le será entregado y que jamás volverá a ver.
CONCLUSIÓN
Como puede observarse a través de las múltiples denuncias, los elementos repetitivos configuran un escenario que no es casual, sino estudiado para conseguir un objetivo ilícito, una escena teatral desarrollada para engañar al protagonista.
Desde el punto de vista psicológico se trata del equivalente mental a poner una venda en los ojos, es llevar a una persona a un estado en el cual sea fácilmente engañado “porque su cerebro no puede ver”.
En estas circunstancias la víctima -y quiero recalcar que podríamos ser cualquiera de nosotros si estuviéramos atrapados en una “tela de araña similar”-, firma, sin sospechar ni por asomo que haya caído en la trampa perfectamente urdida de una red de estafadores.

LOS LÍMITES DE LA ÉTICA EN LA PUBLICIDAD ALIMENTARIA 0

Publicado en el blog Ciencia Crítica de ElDiario.es

– La publicidad alimentaria juega a vender productos utilizando medias verdades y mentiras completas
– Muchas veces incluso violando la legislación vigente
– Las estratagemas psicológicas para vendernos productos ineficaces son diversas
– Una alimentación adecuada es suficiente, y prácticamente ninguno de los productos con substancias añadidas son necesarios para llevar una vida sana
Imagine un mundo en el que casi a cada paso intentaran engañarle con el fin de sacarle dinero. Imagine un mundo en el que comiera, o se metiera cosas en el cuerpo sin saber lo que son, ni las consecuencias que puedan tener para su salud en el futuro aunque en realidad éstas sean perjudiciales. Imagine que además lo hace porque alguien en quien usted confía le dice que es bueno para su salud. Imagine que le dan supuestos argumentos científicos para convencerle, avales de prestigiosas asociaciones o instituciones. Imagine además que usted cree que hay una ley que le protege y que además se le dice que dicha ley se cumple aunque no sea así. 
Pues abra los ojos: ¡vive en ese mundo! 
Dedique un día a contar conmigo los anuncios que le prometen prevención, salud, belleza, aspecto de juventud o delgadez. No olvide contar a los presentadores de programas colando “consejos publicitarios” más o menos disimulados. Sí, los anuncios de toda la vida en televisión, radio, revistas, marquesinas, folletos buzoneados en su propia casa o entregados en mano por la calle, las pantallas que le saltan en cada página que visita en Internet, los enlaces que aparecen en sus redes sociales…le voy a dar el cómputo total, en el mundo occidental el ciudadano medio ve hasta 3000 anuncios publicitarios por día, aunque no sea consciente de ello. 
Pues ahora le digo que la inmensa mayoría son camelos, un extenso abanico que abarca verdades a medias y mentiras completas. Desde hace siglos charlatanes y curanderos han vendido pociones y ungüentos milagrosos para conseguir casi lo mismo, antes el anzuelo era divino ¿Cuántas de nuestras abuelas creían a pies juntillas en el agua de Lourdes o en los cordones de San Blas? Sustituyamos ahora la intervención divina por una supuesta “Ciencia que todo lo puede” y ¡ale hop!, tienen delante a los timadores del siglo XXI. La gran diferencia es que en aquella época nadie sospechaba que en aquel futuro lejano en el que nosotros vivimos ahora dichos charlatanes y curanderos iban a estar amparados por el equivalente al sheriff del condado. 
Como denuncian Ben Goldacre y Michael Pollan en sus respectivos libros Mala Ciencia y El detective en el supermercado, el “nutricionismo” nos ha llevado a una “medicalización” de los alimentos y a una especie de “neurosis alimentaria colectiva” que en lugar de hacernos comer mejor, nos provoca una confusión absoluta con respecto a alimentos y elementos, y cuando no, nos lleva directamente a sufrir consecuencias negativas para nuestra salud, física y mental. Incluso para nuestra “salud” económica, dado que la inmensa mayoría de estos productos están encarecidos con respecto a sus homólogos “normales”, no funcionales, no light o “no algo”. En algunos casos, según CEACCU este incremento puede ser hasta del 200 %. Esa descomunal diferencia de precio es una de las razones por la cual, el mercado de los alimentos funcionales, cerró el ejercicio del 2011, ya en plena crisis económica, con unas ganancias de 2900 millones de euros en el conjunto del mundo occidental y todo por hacernos creer que son “buenos para algo”. 
Pero primero hay que crear la necesidad, convertir en enfermedades lo que siempre ha sido normal, tergiversar el concepto de prevención, acomplejar a muchísimas personas escupiéndoles a la cara defectos que no tienen a base de hacerles compararse con perfecciones que no existen. Estoy hablando del photoshop y otras formas de modificar la imagen ¡por supuesto! 
¡Y ahora procedamos a analizar dicha manipulación! 
Primero, la inmensa mayoría de las alegaciones de salud han sido rechazadas por la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) porque no han podido probar sus supuestos beneficios, como es el caso de los Bifidus o los Lactobacilus, entre otros ¿Pero quién lee la página web de la EFSA? Por eso, aunque usted no se haya dado cuenta, muchos productos, no sólo lácteos, lo que dicen ahora es que “ayudan al normal funcionamiento del organismo”. Al normal funcionamiento del organismo ayuda casi cualquier alimento, les informo, dado que “no comer” es lo que desestabiliza el organismo. De hecho, tras ese rechazo uno de los trucos que están utilizando para seguir alegando sus “supuestos beneficios”, es añadir vitaminas o similares que sí han sido aceptadas, pero que se encuentran de manera habitual en nuestra dieta. O sea, que no los necesitamos si comemos con normalidad. Como ejemplo, con un sólo plátano usted estaría ingiriendo vitamina A, B1, B12, B3, B5, B6, B7, B9, C, D, E, K. 
Claro que a lo mejor se ha dejado engañar también en alguna ocasión por esos anuncios de pastillas de vitaminas, minerales y “oligocosas”, con la idea de que “las vitaminas son buenas” y “no pueden hacerle daño”. ¡Se equivocan! Primero porque las carencias vitamínicas o avitaminosis las debe diagnosticar un médico y en base a una analítica, no por el “método del aojismo” y segundo porque sí pueden hacerle daño. Aunque nadie le haya hablado de ello, las hipervitaminosis existen y potencialmente pueden ser graves. En el registro de cuatro años de la FDA (Agencia americana de Seguridad en alimentación y medicamentos) se recibieron más de 6,300 informes con 10,300 reacciones negativas, entre ellas 115 fallecimientos y más de 2,100 hospitalizaciones, 1,000 enfermedades agravadas con complicaciones, 900 visitas a urgencias y otros 4,000 casos más leves adicionales provocados por suplementos vitamínicos y productos similares. 
Todo ello sin contar con que si usted lleva una dieta normal (rica en frutas y verduras, y acompañada con algo de carne y pescado) esos suplementos son innecesarios, como bien afirma en su página el Ministerio de Sanidad de nuestro país. ¿pero quien lee la página del Ministerio? También la Harvard School of Public Health lo deja bastante claro en su informe Supplement studies: sorting out the confusion: “En el mejor de los casos la compra de estos productos sólo dañará tu economía”. En el peor ya hemos visto como puede afectar su salud. 
Lea usted los ingredientes de cualquier producto elaborado de cualquier supermercado. ¿Tiene usted la garantía de que todos esos ingredientes son realmente necesarios para obtener el producto final? Incluso si muchas de esas substancias añadidas son inertes a su salud, ¿Sabe que va a pagar más por ese producto final sólo porque lleva más ingredientes? Pues bien, ahí está una de las fórmulas empleadas por la industria alimentaria, añadir ingredientes que permiten encarecer el producto pero ofreciendo realmente lo mismo. Si además alguno de estos ingredientes puede usarse como atrayente mediante la propaganda falaz que aquí se denuncia, pues mucho mejor (para el fabricante, ¡claro!). 
Hay muchas formas de camelarle e inducirle a engaño, como esos zumos tan sanos con vitaminas añadidas y cero por ciento de grasa que contienen 37 gramos de azúcar, bastante más de la Cantidad diaria recomendada por la O.M.S. ¡Cuidado al leer la etiqueta! ponen las cantidades en 100 ml, pero es que el tetra-brick individual que usted le está dando a su hijo tiene 330 ml. ¡Multiplique por tres y pico las cifras que lea! 
Otro ejemplo son los alimentos “sin”. Si se dan cuenta, últimamente todo es sin algo, aunque la moda más extendida es la del “sin azúcar” o “sin azúcar añadida”, como es el caso de muchos “zumos” o más bien “bebidas líquidas nutritivas” presentadas en tetra brik. Lea en ese caso las cantidades de grasa, aunque a lo mejor, usando otra de las tácticas recurrentes pone “lípidos”, con lo cual a la inmensa mayoría de la gente le pasarían desapercibidas. 
Para los alimentos muy bajos en calorías (ni azúcar, ni grasas) existe otra palabra mágica, que es “light”, y últimamente para los refrescos, la palabra “zero”. Pues bien, como ya se ha tratado en este blog, estos productos contienen edulcorantes artificiales que podrían ser bastante nocivos para su salud. Lo mejor es sin duda no consumir ni ese exceso de calorías que no necesita, ni esa bebida sustitutiva. Y por favor, compruebe los ingredientes de un refresco “light” y otro “zero”, ¿nota alguna diferencia? ¡claro que no! “zero”, es un “nuevo palabro” inventado para venderle lo mismo. 
Podría seguir hasta convertir este artículo en una enciclopedia de la manipulación, sólo les digo que casi nada que vaya envuelto se libra de algún truco y muchos de ellos pueden perjudicar tremendamente la salud. Reflexionen un momento, a pesar de tener supermercados “medicalizados”, y de que casi todo se publicite como “natural y saludable” tenemos unas elevadísimas tasas epidémicas de obesidad, diabetes, hipertensión y obsesiones relacionadas con la comida y la imagen, y no solo afectan a los adultos, si miramos las cifras del estudio Aladino del año 2011, el 44,5 % de nuestros niños tenía sobrepeso u obesidad. 
Sólo hay una manera de evitar ser víctimas de estas estratagemas y es informándose adecuadamente, leyendo y recuperando el espíritu crítico con quien sólo pretende vendernos sus productos sacando el máximo beneficio posible. 
Y sólo hay una manera de mantener la salud y prevenir las enfermedades relacionadas con la alimentación; y es seguir practicando los hábitos saludables que sí funcionan, como comer recetas tradicionales con hortalizas, legumbres, cereales, verduras y frutas, y en menor medida pescado y carne, moverse, andar, subir escaleras, practicar algún deporte más o menos habitualmente, no consumir tóxicos, alcohol, tabaco y otras drogas, y dormir adecuadamente. Lo siento ¡los milagros no existen! aunque las empresas se lo quieran hacer creer. 
Ésta es una historia que se sabe hace tiempo. Sin ir más lejos, hace casi 30 años, músicos que le podrían parecer de lo más estrambótico, como Eskorbuto, la han venido denunciando. 
Pero por último, si me permiten una sugerencia, y si quieren saber más sobre este tema, lean mi libro, Consume y calla, que es fruto de un tremendo esfuerzo de investigación, búsqueda de datos y lectura de esas páginas científicas e institucionales que nadie se lee y en el que intento desenmascarar los intereses de una industria que está jugando con mi salud, con la suya y con la de sus hijos.
(Ilustración: Limit Food, de Werens)  

¿CIUDADANOS O MÁQUINAS DE CONSUMIR? 0

Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho?, 03.05.14

El derecho a la salud es, o debería ser, la prioridad de cualquier gobierno. Y no sólo por la idealista visión de que la salud es un componente fundamental de la calidad de vida, del bienestar y de la felicidad, si no porque, egoístamente la salud de cada uno de nosotros repercute directamente en las arcas del Estado y por ende en cada uno de nosotros. 
Es eso están de acuerdo tanto la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) como el Banco Mundial, que, aún más prosaico, calcula impacto de diversas patologías y problemas de Salud Pública y los traduce en AVISA, años de vida saludable perdidos (en las traducciones oficiales de la OMS y del Banco Mundial, el término empleado es Años de vida perdidos ajustados por discapacidad AVAD). La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 
A priori parece una labor ardua y difícil. ¿Cómo proteger a los ciudadanos de las causas de enfermedad? Pues es muy sencillo, las enfermedades infectocontagiosas están controladas en este mundo occidental en el que vivimos, ahora, las principales causas de enfermedad y muerte están asociadas a diabetes, hipertensión, accidentes cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, y estos cuatro jinetes del Apocalipsis, a su vez tiene su origen en tres hábitos fundamentales: la alimentación, el sedentarismo y el consumo de tóxicos (legales e ilegales). 
Se preguntarán ustedes qué relación tiene esto con un blog jurídico. Mucha. Estos malos hábitos nutricionales se resumen en unos pequeños puntos: el fomento de estereotipos insanos, la obsesión por la delgadez alimentada por los medios de comunicación y los anuncios, y la epidemia de alimentos con “trampa” que bajo alegaciones de salud esconden bombas nutricionales, verdades a medias y mentiras completas. Y esto es competencia del Derecho del Consumo. 
En España, el control de la publicidad es competencia de Autocontrol. En el año 2009, mientras el ASA (su homologo británico) sancionaba 444 anuncios, en España se resolvían cuatro tristes y solitarias reclamaciones, a pesar de que Muela y Perelló (1) en un estudio sobre productos alimentarios y cosméticos realizado en la radio española, hallaban 1179 ilícitos en 430 anuncios. 
Según la Constitución, además de a la salud también tenemos derecho a que no se nos mienta. Artículo 20.1: “Se reconocen y protegen los derechos: (…) d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. 
Vamos a hablar de estas leyes de las que tan poco sabe el ciudadano medio, la Ley de Competencia Desleal, que fue parcialmente modificada al incorporarse a ella las Directivas 2005/29/CE y 2006/114/CE y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estos cambios también afectaron a la Ley General de Publicidad, que fue refundida con la Ley 29/2009, de 30 de diciembre 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, artículo 5.1: “Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico (…)”. 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, artículo 4: “El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán, ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador (…) Estas prohibiciones se aplicarán igualmente a la presentación de los productos alimenticios y a la publicidad”. 
¿Podríamos decir que engañar, ocultar información o utilizar medias verdades con el fin de que cada consumidor gaste más dinero del que debería es perjudicar su interés económico? Yo creo que sí. 
Y si al mirar un envase en el que pone “0% de grasas y enriquecido con Vitaminas A, D y E” nos confiamos y no miramos la etiqueta nutricional, diminuta, ininteligible y escondida en el rincón más recóndito del mensaje en el que pone 30 gramos de azúcar ¿no estaría repercutiendo además en nuestra salud? (Para más INRI, no pone 36 gramos de azúcar, porque en la etiqueta señalan la cantidad de 100 mililitros, pone sólo 10 gr, pero es que el brick individual tiene 330 ml. Calculen. Además no ponen calorías si no energía. Y tampoco lo ponen en kilocalorías si no en kilojulios. Como ven estoy hablando de un ejemplo real. De un zumo para más señas). 
Posiblemente las empresas alimentarias alegarán “que ellos no son responsables de lo que la gente entiende o desconoce”.Ya. Obvio. Para eso el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acuñó el concepto de consumidor medio definiéndolo como “la reacción típica del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos.” 
¿Alguno de ustedes saben lo que son los FOS? ¿Y la glicobiología? ¿Para que sirven las sirtuinas? ¿Les ha contado alguien que según la E.F.S.A. (Agencia Europea de Seguridad Alimentaría) los bifidus no sirven para nada? 
Independientemente de la veracidad de las afirmaciones que realizan muchos productos, hay que ser licenciado en Bioquímica o Medicina para poder comprender el significado de los reclamos publicitarios que vemos, oímos o leemos. Y los tribunales hablan de la capacidad para poder tomar decisiones en base a la información emitida. Yo me estoy refiriendo a algo mucho más básico: entender lo que nos están diciendo. 

La Ley prohíbe expresamente la publicidad engañosa y la describe como: “Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico” 

En muchos anuncios el ilícito es más sutil y, por lo tanto, más difícil de demostrar. El elemento decisivo para que una publicidad se considere engañosa es que induzca o pueda inducir a error a sus destinatarios. También es engañosa la publicidad que, aunque considerada en abstracto pueda ser exacta, los consumidores interpreten erróneamente. Como ven, no abarca solamente lo que literalmente diga el anuncio, si no también las interpretaciones erróneas que los consumidores puedan hacer. Y aquí se abre un mundo, ya que muchas veces el mensaje no está en la palabra dicha o escrita, sino en la imagen o en otros recursos aún más subliminales. 
La prohibición se extiende, por tanto, a toda forma de comunicación que pueda calificarse como publicidad económica o comercial, con independencia de la modalidad de difusión del mensaje publicitario y de los medios o soportes que se utilicen. Les sorprendería saber cuantas mentiras y engaños escuchan y ven a lo largo del día. Y aún más cuantos productos inútiles e incrementados de precio habitan en sus despensas y frigorificos. 
Un paso más allá de la publicidad está en el control del “gato por liebre” .Hace unos meses se hablaba de que el Gobierno pretendía prohibir los estudios independientes que analizan irregularidades en los alimentos. Generalmente estos estudios están promovidos por Asociaciones de Consumidores y no en pocas ocasiones han servido para sacar a la luz fraudes y engaños en productos alimenticios. 
En Inglaterra el primer estudio de ADN del arroz basmati, realizado por la Food Standards Agency (FSA) en 2002, llegó a una sorprendente conclusión: sólo el 54% de los envases etiquetados como arroz basmati contenía verdaderamente dicho producto. El resto había sido mezclado con algunas variedades de calidad inferior en más de un 60%. El cálculo de ganancia de este fraude en un solo año, se estimó en 5 millones de libras. 
Aquí en el año 2012, un estudio comparativo de la OCU fue acusado por las empresas del ramo de “tener muy mala leche”, acusación tremendamente certera dado que esa era precisamente la conclusión a la que llegaba el estudio. La calidad de un número importante de las marcas comercializadas era tan mala que, desaconsejaban directamente su compra. 
Entre los resultados del informe, destacaba que muchas de las 47 marcas de leches analizadas no aportaban el contenido mínimo de grasa, eran más pobres en calcio que hace 20 años, habían sufrido tratamientos térmicos muy agresivos que podían llegar a degradar las vitaminas y las proteínas, y algunas, incluso, habían usado leches demasiado viejas. 
Pero a pesar de que estemos en un mundo en el que aparece carne de caballo donde pone de vaca, de rata cuando debería ser de cordero y es evidente que nos intentan vender gato por liebre, la mayoría de los engaños no vienen por ahí, proceden más bien de que nos vendan productos a precio de oro, con el camelo de que nuestra salud se verá beneficiada sin ningún tipo de estudio científico que lo avale. O huevos ecológicos por los que yo estoy pagando mucho más cuando de ecológicos tienen más bien poco. O nada. 
Bien. Tenemos acuerdos, códigos de autorregulación, normativas españolas y europeas, recomendaciones de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud)… ¿Y para qué sirven, visto lo visto? No quiero pensar que se crearon para quedar bien ante los consumidores y justificar unos sueldos y unos despachos para después ser convenientemente arrinconadas en un cajón cogiendo polvo. Es paradójico que, en una sociedad en la que te multan por jugar a la pelota en las plazas, llevar el perro sin correa fuera de las horas marcadas o ir en patinete por las calles, salga tan barato, en muchos casos gratis, lucrarse engañando y manipulando. 
Por otro lado, lo de los Códigos de Autoregulación parece que en este país no funciona, como han podido ver. Da la impresión de que actúan como niños que prometen portarse bien y, en cuanto se dan la vuelta los responsables, aprovechan para hacer trastadas, sólo que en este caso, no son precisamente inocentes travesuras, sino argucias para torear la ley y aumentar sus ventas. Si por mi fuera, el hecho de haber firmado un compromiso ético debería ser agravante en las condenas judiciales.
Y más allá del etiquetado, los envases y la publicidad, exigir el control, de facto, sobre la calidad de los alimentos que consumimos. Después de todo nuestra alimentación debe ser uno de los factores garantes de nuestra salud y el responsabilidad de los gobiernos supervisar, regular y castigar aquellos productos y practicas comerciales que puedan suponer un riesgo, una mentira o un timo. 
Este post está escrito con párrafos extraídos del libro Consume y calla, de la autora del post Ana Isabel Gutiérrez Salegui. 
(1) Clara Muela Molina, Salvador Perelló Oliver. La publicidad con pretendida finalidad sanitaria en la radio española. Un análisis empírico por tipo de emisora. Comunicación y Sociedad, XXIV  (2): 371-410, 2011.

RESEÑA DE CONSUME Y CALLA EN EL NUTRICIONISTA DE LA GENERAL 0

Publicado en su blog El Nutricionista de la General, 21.04.14

NUEVO LIBRO: “CONSUME Y CALLA”

Si visitas de tiempo en tiempo este blog te habrás dado cuenta que los asuntos relativos a la publicidad de alimentos diversos, las alegaciones de salud que incorporan, el márquetin con el que se rodean, su etiquetado y demás “celofán” con el que se envuelven, son un tema recurrente. Como digo, a pesar de poder encontrar estos temas con cierta frecuencia, el blog no está dedicado en cuerpo y alma a estas cuestiones. Y conste que bien podría habida cuenta de lo machaconas y surrealistas que son las circunstancias que en este sentido nos han tocado vivir.
Afortunadamente y para poner un contrapunto de sensatez entre tanta vorágine consumista (aunque en ella se ponga de excusa un mal entendido concepto de salud) de vez en cuando ven la luz obras como la que hoy os traigo y que acaba de ser publicada. Se trata del libro que tiene como título “Consume y calla. Alimentos y cosméticos que enriquecen a la industria y no mejoran nuestra salud” (357 pags.) de Ana Isabel Gutiérrez Salegui (@Fasmida) y que está editado por Ediciones Akal, SA. Hacía falta.
En verdad lo que haría falta es que más personas accedieran a esta perspectiva que del mercado de salud (a través de alimentos y cosméticos) tienen en realidad muchas de las empresas que, en principio y en apariencia, se preocupan por nuestra salud. Muchos de los escándalos vinculados a la industria alimentaria y que se han dado a conocer en estos últimos años, así como la farragosa forma de “informar” a los consumidores dan muestra de esa “preocupación” que tienen muchas de esas multinacionales a las que la autora dedica su obra nada más empezar:
“A Bimbo, Nestlé, Unilever, L’Oreal, Puleva y tantos otros… sin ellos no habría sido posible este libro […]”.
Tristemente. Sin ellos, tristemente, no habría sido posible este libro; apuntaría yo con el permiso de la autora.
El libro no te va a dejar indiferente. Empezando por la perspectiva de Ana Isabel Gutiérrez que no es la de una publicitaria, ni de una nutricionista, ni una médico, se trata, muy en resumen, de una psicóloga que afronta desde su especialidad las causas y circunstancias que como consumidores nos han llevado a terminar a merced de una industria con, aparentemente, escasos escrúpulos. Con su permiso transcribiré un fragmento significativamente elocuente:
“[…] Si la generación que vivió la posguerra, levantara la cabeza y viera en que trabajamos, ahorramos y pedimos prestamos bancarios para que nos corten trozos de carne en un quirófano, nos metan bolsas de silicona en el pecho o en los glúteos, pagamos para que, a voz en grito, nos hagan sudar y sufrir, pasamos hambre voluntariamente o nos alimentamos de polvos disueltos en agua pagados a precio de oro (pudiendo hacerlo con comida de verdad) para poder entrar en fajas compresoras que reducen, elevan y oprimen, pensarían que nos hemos vuelto rematadamente locos. Y tendrían razón”.
Este libro está cuajado de ejemplos, vergonzosos (a la par que legales muchos de ellos), en los que se pone de manifiesto que tanto en buena parte de la industria de cosmética como en la de la alimentación hay una serie de señores como poco interés en cualquier cosa que no sea aquel de lucrarse hasta extremos insospechados.
Así pues si en cierta medida te gusta este blog por aquellos casos en los que se “denuncian” ciertas malas prácticas por parte de la industria te recomiendo este libro. Una obra que además está cuajada de citas y de referencias para seguir el hilo de lo que en él se cuenta. Entre esas citas, he de reconocer con agradecimiento, sale este blog citado con frecuencia… así como el de tantos otros que son una referencia para uno mismo tales como Jose Manuel López Nicolás y su Scientia; Ben Goldacre (Mala ciencia); el GREP-AEDN; Naukas; José Miguel Mulet… y tantos otros.

ABUSO SEXUAL INFANTIL: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO VALDELUZ 0

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho?, 10.04.14.
 
En el año 2013 un grupo de ex-alumnas y alumnas de un colegio de Madrid, el Valdeluz, decidieron denunciar a su profesor de música por abusos sexuales continuados. El hecho, hasta aquí triste pero no sorprendente, tornó en escándalo cuando se supo que, desde al menos el año 2007, presuntamente siempre, el Colegio y la Comunidad de Madrid habían tenido conocimiento de los hechos y no habían tomado ninguna medida.
 
Convención Internacional de los Derechos del Niño: el Artículo 19, Protección del abuso, dice lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
 
El caso Valdeluz sigue dejándonos asombrados por la cantidad de incoherencias y despropósitos que hemos escuchado y el uso torticero de la Ley que parece haberse realizado. No sé si la sociedad es realmente consciente de la monstruosidad que supone que los delitos de un abusador de menores sean conocidos por las autoridades y no se produzca una denuncia automática, más teniendo en cuenta la alta tasa de reincidencia de este tipo de agresores.
 
En el caso Valdeluz, como en otros casos similares, a lo mejor primero hay que aclarar conceptos. La aparición de la palabra adolescente para denominar a esa etapa que hay entre la niñez y la etapa adulta, puede llevar a confusión a algunas personas y minimizar ante la sociedad la percepción de la gravedad de los delitos cometidos.
 
Recordemos, pues, que, según nuestra legislación, las personas que no han cumplido los 18 años son menores de edad y están sujetos a la tutela de sus progenitores y a la protección de todas las instituciones. Exceptuándose solamente aquellos casos en los que, por vía judicial, y nunca antes de los 16, el menor ha sido declarado menor maduro.
 
Que la adolescencia esté siendo adelantada por intereses espurios de la sociedad de consumo, no puede hacernos perder el Norte: una niña de 13 años maquillada y con tacones no pierde su condición de niña de 13 años. El mito de Lolita ampara y justifica a los pederastas y difumina la gravedad de un delito totalmente injustificable.
 
Hay que recordar también la definición de la O.M.S de año 1999 sobre maltrato a los menores: “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”
 
La introducción que, en principio, no parece excesivamente relacionada con el tema sobre el que deseo poner el acento, viene dada por el tratamiento informativo del caso Valdeluz y de otros similares, en los que la palabra adolescente amortigua de cara a la sociedad los hechos. Disculpen, pero la verdad descarnada es ésta: un profesor presuntamente ha abusado de un número de niñas a las que impartía clase y de las que era directamente responsable.
 
Las primeras noticias sobre el caso nos horrorizaron a todos, como siempre que se descubre un caso así: un profesor había sido acusado de abusar de un número indeterminado de niñas en un colegio de Madrid. La viva imagen del lobo entre los corderos. Pero las siguientes declaraciones nos espeluznaron aun más, sobre todo a los profesionales que trabajamos con personas que han sufrido abusos en la infancia.
 
En las primeras declaraciones, según los medios de comunicación, el director del Colegio y el Jefe de estudios afirmaron conocer los hechos, al igual que el psicólogo y el Centro Especializado en Abusos Sexuales a la Infancia (CIASI) de la Comunidad de Madrid, al que había sido derivada una de las menores en el año 2007. Me consta que todos sabemos matemáticas, estamos en el año 2014: hablamos de siete años de conspiración de silencio, en los que no se hizo nada y en los que, siempre presuntamente, se ha continuado abusando de niñas indefensas. Para los que nos dedicamos a esto, estaba claro que, de ser cierto, no sólo se había podido incurrir en un delito de encubrimiento, sino de complicidad, ya que quien tiene conocimiento de un posible delito futuro y no lo evita es cómplice. Todos aquellos abusos sucedidos con posterioridad al año 2007 no habrían sido posibles sin el silencio de todos los implicados.
 
Esto que, desde la lógica, la ética y la moral -valores todos tan escasos hoy en día-, habría sido, de mediar vergüenza, motivo de dimisión de todos los implicados y, de no mediarla, motivo de destitución fulminante, así como de imputación por parte de la Justicia, continuó con un vergonzoso ejercicio de relatividad moral y legal. Según los protagonistas, “la obligación de denunciar es de los padres”, “el secreto profesional no deja revelar una cosa así” y el absolutamente delirante “no denunciamos para proteger a los demás niños”. Rizando el rizo afirmaron que “la ley no lo deja claro”.
 
Parece mentira que yo, una simple ciudadana y psicóloga forense, tenga claro que la interpretación de la ley queda reservada a los jueces y sin embargo estos doctos señores no lo sepan. No obstante, como verán ahora, La Ley, con mayúsculas, lo deja muy claro, empezando por la Carta Magna. La Constitución española menciona de forma explícita la protección a la infancia en su artículo 39 apartados 2 y 4: “2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
 
No obstante, creo que hemos estudiado distintas leyes, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 262 es poco dada a ambigüedades: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente.”
 
También la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye un amplio marco jurídico de protección a la infancia que en el articulo 13 trata sobre la obligación de la denuncia y de mantener la confidencialidad: “1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise (…)”.
 
Y, por si fuera poco, la normativa específica de centros docentes también lo contempla. La obligación de comunicar aquellos casos de malos tratos de los que se tenga conocimiento está recogida en diferentes y numerosas legislaciones como, por ejemplo, en el caso de los profesores y centros docentes, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, que en su Titulo II sobre los derechos de los alumnos establece en el artículo 18 que: “Los centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancia personales y familiares del alumno. No obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores.”
 
Claro que, ante la avalancha de criticas y comentarios en las redes sociales, argumentaron que ellos se referían al Código Penal. Pues lo siento, pero el Código Penal también es bastante explícito en que los delitos contra menores son perseguibles de oficio, aunque si hubieran hecho su labor, que era poner en conocimiento de Fiscalía los hechos, ya se lo habría contado la propia Fiscalía.
 
Por su parte el psicólogo que se ampara en el “secreto profesional” también debería saber que nuestro secreto profesional no contempla ocultar delitos contra las personas. No somos abogados defendiendo a un cliente. Y que, ante cualquier duda ética, moral o de criterios de actuación. tenemos una organización colegial a la cual consultar. “Artículo 8.- Todo/a Psicólogo/a debe informar, al menos a los organismos colegiales, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión”.
 
Todos estos señores, además de mostrar un despreocupante desconocimiento de las Leyes (estoy obviando la interpretación de algo peor, que sería no preocuparse por los menores, los abusos, las consecuencias de los abusos y las posibles futuras víctimas) han provocado una consecuencia funesta. En estos momentos es posible que muchos directores, docentes, psicólogos o ciudadanos piensen que, efectivamente, no hay obligación de poner en conocimiento de las autoridades el conocimiento o la sospecha de los abusos a menores.
 
La respuesta de la Administración aclarando este punto, explicando las leyes y planteando la línea correcta de actuación para futuros casos está tardando. Un documento que fuera enviado a todos los centros docentes, públicos y privados, a los Colegio Profesionales para que los remitieran a sus colegiados y que fuera publicado en los medios de comunicación. Sinceramente no sé a que están esperando.
 
Claro que esto pondría contra las cuerdas al director, al jefe de estudios, al psicólogo y la Comunidad de Madrid, revelando que lo han hecho rematadamente mal. A lo mejor es por eso.

EL VERDADERO TRABAJO DE UN PSICÓLOGO FORENSE 0

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Capítulo del libro colectivo Marea Blanca, 
coordinado y recopilado por Luis Daniel Martín. ViveLibro, 2013.

Me llamo Ana y soy psicóloga forense. La gente asocia habitualmente a los forenses con los muertos -será que hemos visto muchas series de televisión-, pero los psicólogos forenses trabajamos con víctimas, con supervivientes. Ser víctimas de una agresión sexual o física, o encontrarse en el escenario de un atentado, nos puede ocurrir a cualquiera. Y aunque no se vean las heridas físicas, porque no las haya, un hecho así puede condicionar el resto de tu vida. A nadie le deja indiferente. Algunos desarrollan tal miedo que no vuelven a salir de casa. Otros acaban sufriendo una depresión porque no pueden entender ni la maldad humana ni por qué les tocó a ellos. Muchos se sienten culpables por haber sobrevivido cuando el que estaba a su lado, a veces un amigo o un familiar, no lo hizo.
 
Aun antes de especializarme, ya trabajaba con víctimas de todo tipo: de atropellos, de agresiones sexuales, de mobbing, de violencia de género… Contando esos años de estudiante, en los que fui voluntaria de diferentes asociaciones, llevo ya veinte años trabajando con víctimas de todo tipo. Por eso sé que la ayuda psicológica en los primeros momentos es crucial, que es fundamental estar pendiente de la aparición de los primeros síntomas, que éstos pueden aparecer incluso meses y meses después de los hechos, que hay que estar muy alerta para actuar ante las primeras señales. A nadie se le escapa que es más fácil y tiene mejores resultados una detección e intervención precoz que intentar hacer remitir un cuadro instaurado.
 
Por otro lado, la asistencia sanitaria integral es un derecho de cualquier enfermo, sea su patología física o mental. Y ese derecho precisamente es el que se va a ver vulnerado con los recortes sanitarios. Si bien toda la asistencia sanitaria va a resentirse en su calidad, es en Salud Mental donde más se va a notar, sobre todo entre los enfermos crónicos que, en muchos casos, son un producto directo del sistema sanitario. En ausencia de tratamientos que incluyan la rehabilitación psicosocial, un fármaco no puede curar el déficit de habilidades, por poner un ejemplo. En el momento actual y según datos oficiales, el consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Eso no significa directamente que el número de personas con diagnósticos haya aumentado, sino que ha aumentado el número de personas que tienen algún síntoma psicológico y, por lo tanto, están en situación de riesgo de acabar desarrollando una enfermedad.
 
Si traducimos esto a términos económicos nos encontramos con que el impacto sólo de la depresión en nuestro país se ha estimado en 5.005 millones de euros anuales, según Valladares, Dilla y Sacristán (2008) (1).
 
Es evidente que cada problema requiere sus propios especialistas, y es obvio que ningún ginecólogo  debería atender un enfisema pulmonar ni que ningún médico de familia puede hacer un trasplante de riñón. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos atenemos a las estadísticas que nos sitúan a la cabeza de Europa (junto con Reino Unido) en prevalencia de trastornos psicológicos (2), los estudios de King M. et al (2008) (3) y comparamos el ratio de psicólogos en nuestro país (4,3 por cada cien mil habitantes frente a 19,6 psicólogos/100.000 en el resto de Europa, datos de la OMS), nos encontramos con la paradoja de no poder dar la asistencia necesaria ni a las víctimas de cualquier hecho, atentado, agresión o accidente ni al resto de los afectados por patologías mentales.
 
El número de psicólogos en el Sistema nacional de Salud es muy escaso en Atención Especializada y prácticamente inexistente en Atención Primaria, a pesar de que sociedades médicas de atención primaria estiman que hasta el 66 % de las consultas en Primaria tienen un componente principalmente psicológico. Con este panorama no es extraño que muchas personas estén mal diagnósticas, su abordaje terapéutico se realice exclusivamente con psicofármacos, contribuyendo así al enmascaramiento de los síntomas, la cronificación del cuadro y a que la distancia temporal entre sesión y sesión, en ocasiones, supere el mes y medio.
 
El tratamiento de cualquier víctima pasa por hacer una intervención en crisis, cuando llegan a Urgencias por agresiones sexuales, agresiones físicas, crisis de pánico o intentos de suicidio. No dejarlas solas y acompañarlas durante todo el proceso, desde que ingresan hasta que acuden a poner la denuncia. Pero no hay psicólogos en Urgencias.
 
Pasa también por la detección de los problemas psicológicos en Atención Primaria y la derivación a Centro de Salud Mental de forma preferente, para que, coordinados, se pueda hacer un abordaje integral de cada caso, afrontando los problemas físicos, los psicológicos y la valoración de la trabajadora social. Pero apenas hay psicólogos en Atención Primaria, no los suficientes. Por eso hay que recurrir a los psicólogos de las  múltiples asociaciones de afectados, sobradamente motivados pero escasamente remunerados y valorados. La labor de las asociaciones es admirable, pero una de las causas de que existan es que hay deficiencias en el sistema.
 
Nos encontramos a menudo con el uso exclusivo de tratamientos farmacológicos como terapia, que inhiben o hacen desaparecer los síntomas, pero sólo mientras se mantiene la medicación. A nadie se le escapa que, si no se dota de las habilidades necesarias para afrontar la situación, o  no se soluciona el problema de base que la provoca, la sintomatología reaparecerá en el momento en que se interrumpa el consumo de los fármacos, provocando que, antes o después, nos encontremos con una recaída, lo cual empeora el pronóstico desde el punto de vista de intervención psicológica. 
 
A pesar de todas estas dificultades, la atención psicológica se iba haciendo un hueco en la asistencia sanitaria, pero ahora los recortes nos llevan a un marco diferente y desolador, en el que sólo tendrá acceso a ella quien se la pueda pagar. Los seguros privados suelen limitar las terapias a un número concreto de sesiones de una duración concreta, en ocasiones ridículo, como la duración máxima de veinte minutos. Sobra decir que va contra la ética decirle a alguien que su sesión ha terminado si en ese momento ha roto a llorar desconsoladamente o te acaba de plantear que tiene ideas suicidas. Por otro lado, el planteamiento de limitar sesiones de psicoterapia es tan irracional como decir, de antemano, sin ver al paciente, sin valorar la gravedad del caso ni el alcance de la lesión, que cualquier lesión muscular “tiene” que curarse, sí o sí, en diez sesiones de rehabilitación.
 
La privatización de la Sanidad no va a llevar sólo a una vulneración de uno de los derechos fundamentales del hombre, la salud; va a llevarnos a un mundo en el que todos aquellos que hayan sufrido cualquier hecho que les lleve a una lesión psíquica, tengan que convivir con sus fantasmas si no pueden asumir unos tratamientos caros y prologados. Hasta la cicatriz más horrible puede dejar de estar presente en la mente porque la herida se cura y deja de doler, lo que pervive en la mente es el trauma psicológico, ese que solo se puede vencer enfrentándose a él y que ningún fármaco puede borrar.
 
Por ello soy una de las batas blancas que salen a la calle, porque quiero un mundo en que toda persona que haya sufrido un hecho así tenga una segunda oportunidad y no se vea obligada a arrastrar unas consecuencias que le lastren y que podemos evitar. Que no haya enfermos de primera o de segunda en función de su poder adquisitivo y en el que la Salud, con mayúsculas, la física y la mental, esté al alcance de todos.
—
(1) Valladares, A. Dilla, T. Sacristán, J. Actas Españolas de Psiquiatría, 2009.
(2) Investigación dirigida por la doctora Carmen Fernández y presentada por la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc) como ponencia Violencia de género, una prioridad y un reto social. Valladolid-Salamanca, 2007.
(3) King M. et al (2008)  “Prevalence of common mental disorders in general practice attendees across Europe.” British Journal of Psychiatry, 192, 5, pages 362-367.

BAJAS PSIQUIÁTRICAS Y LEGISLACIÓN 0

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho? –parte I y parte II-, 24.06.13.
 

Los trastornos mentales son, en la actualidad, una de las preocupaciones más acuciantes de organismos sanitarios, empresas, gobiernos y, por supuesto, de las personas que los sufren y su círculo cercano. Las pérdidas económicas y sociales generadas por estos trastornos han llevado a la Organización Mundial de la Salud a considerar el absentismo laboral generado por los mismos como “un problema de salud pública” y a recomendar a los responsables políticos la necesidad prioritaria de aunar esfuerzos para prevenir la enfermedad mental relacionada con el trabajo, la promoción e instauración de hábitos saludables y el fomento de la reincorporación de los trabajadores al mundo laboral. 
 
Atendiendo al listado de causas de incapacidad temporal en nuestro país, los trastornos mentales se sitúan en el segundo puesto, según un estudio publicado en el European Journal of Health Economics. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) señala al estrés como responsable directo de una cifra variable de entre el 50% y el 60% de las ausencias laborales.  
 
Incluso otras causas, como son los dolores músculo-esqueléticos (10% de las bajas) también podrían estar relacionadas indirectamente con este estrés y directamente con la mala educación en hábitos saludables. También los cuadros somáticos, o problemas de salud de origen inespecífico, pueden tener su origen en el estrés, así como las enfermedades recurrentes, ya que un estrés continuado provoca el deterioro progresivo del sistema inmunitario, facilitando la aparición de las denominadas “infecciones oportunistas”.
 
En función de los estudios consultados, la prevalencia de los trastornos psicológicos en las consultas de Atención Primaria varía entre un 25% y un 50%. En cualquier caso, si nos quedáramos con el dato menos alarmista, estaríamos hablando de que 1 de cada 4 personas que acuden a los Centros de Salud tiene un problema relacionado con la salud mental.
 
Sobre los pronósticos de estos cuadros a largo plazo, es fundamental señalar que, en ausencia de tratamientos adecuados, las personas afectadas por bajas mayores a seis meses de duración tienen un 80% de posibilidades de continuar con el problema durante los cinco años siguientes.
 
Si traducimos esto a términos económicos nos encontramos con que el impacto sólo de la depresión en nuestro país se ha estimado en 5.005 millones de euros anuales, según el trabajo de Valladares, Dilla y Sacristán publicado en Actas Españolas de Psiquiatría en 2009. 

El marco económico y social en el que nos encontramos, con altos niveles de inseguridad laboral, reducciones de sueldo, aumento de impuestos directos e indirectos, pérdida de poder adquisitivo en las familias, ausencia de expectativas de mejora laboral, etc., ha generado una situación de pesimismo, miedos y “estrés general”. En el momento actual y según datos oficiales, el consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Eso no significa directamente que el número de personas con diagnósticos haya aumentado, sino que ha aumentado el número de personas que tienen algún síntoma psicológico y, por lo tanto, están en situación de riesgo de acabar desarrollando una enfermedad.

 
Sin embargo, la respuesta legal frente a este fenómeno no parece la adecuada. Nuestro sistema legal de bajas laborales está más bien pensado para las enfermedades y accidentes físicos y, sin embargo, resulta poco adecuado para afrontar las bajas psíquicas, a las que se aplica igualmente. 
 
Una vez que se extiende el parte de baja por causas psíquicas, nos enfrentamos a una insuficiencia de los medios disponibles para la pronta recuperación personal y laboral del afectado: déficit de cobertura a tratamientos psicológicos de calidad en el Sistema Público de Salud y escasa capacidad legal de actuación de las Mutuas cuando se trata de contingencias comunes. 
 
Nos encontramos a menudo con el uso de tratamientos farmacológicos, que inhiben o hacen desaparecer los síntomas pero sólo mientras se mantiene la medicación. A nadie se le escapa que, si no se dota de las habilidades necesarias para afrontar la situación, o  no se soluciona el problema de base que la provoca, la sintomatología reaparecerá en el momento en que se interrumpa el consumo de los fármacos, provocando que, antes o después, nos encontremos con una recaída, lo cual empeora el pronóstico desde el punto de vista de intervención psicológica. 
 
Otra clara deficiencia en este aspecto es la limitación de terapias a un número concreto de sesiones de una duración concreta. El planteamiento de limitar sesiones de psicoterapia es tan irracional como decir, de antemano, sin ver al paciente, sin valorar la gravedad del caso ni el alcance de la lesión, que cualquier lesión muscular “tiene” que curarse, sí o sí, en diez sesiones de rehabilitación. 
 
Pero, entre las personas que sufren cuadros psiquiátricos, hay que diferenciar dos grupos, tal y como lo hace la Guía de Valoración de Incapacidad Temporal para Atención Primaria. El primero, en el que estarían enfermedades neurodegenerativas y cuadros graves, como esquizofrenias de curso crónico y progresivo, trastornos bipolares, depresiones mayores con síntomas psicóticos, demencias, etc., que deben ser derivados y valorados por especialistas, de cara a plantear una posible incapacidad permanente.  Y el segundo grupo, en el que se englobarían los síndromes depresivos, distimias, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de la personalidad, trastornos adaptativos, etc.
 
Según el estudio epidemiológico DeDo(Depresión y Dolor), realizado por el Hospital 12 de Octubre y presentado en el Simposio “Depresión y Atención Primaria: Paradigmas en constante evolución”, el 80,4% de los pacientes que acude a las consultas de Atención Primaria refiriendo dolor inespecífico, padece algún tipo de trastorno depresivo no diagnosticado y por lo tanto, sin tratamiento. Otro estudio similar llega a la conclusión de que los síntomas físicos dolorosos (dolor de espalda, de hombros y de cabeza) aparecen como motivo de consulta en el 78% de las personas que presentan ansiedad y depresión conjuntamente. Lo más llamativo del citado estudio es que sólo el 17% del grupo con ansiedad y el 35% del grupo con ansiedad y depresión recibía un tratamiento farmacológico adecuado a su problema.
 
Esto nos sitúa ante el siguiente escollo en el abordaje: no sólo los tratamientos no son los adecuados para la óptima recuperación del paciente  sino que, adicionalmente, muchas de las personas están incorrectamente diagnosticadas.
 
Otra cuestión relacionada con estos problemas y síntomas es la influencia sobre el rendimiento, la eficacia o la accidentabilidad que potencialmente pueden tener. Este aspecto, casi imposible de cuantificar, debería ser tenido en cuenta como uno de los factores fundamentales a la hora de plantear estrategias de promoción de salud por parte de las empresas y las instituciones.
 
Junto con el absentismo nos encontramos otro problema y que, paradójicamente, nos podría suponer repercusiones igualmente serias: el presentismo. Personas que, a pesar de estar sufriendo unos síntomas, no acuden a los servicios sanitarios o, si lo hacen, ocultan su situación a la empresa por miedo a que pueda comprometer su estabilidad laboral, o que valoran que no se pueden permitir económicamente la reducción de sueldo que supone una incapacidad temporal.  
 
Este caso, anteriormente común en autónomos y  pequeños  negocios familiares, puede llevar a situaciones potencialmente graves, no sólo para la persona enferma -que va a sufrir un empeoramiento de los síntomas y, por lo tanto, del pronóstico-, sino para la empresa o incluso para terceros. Imaginemos, por ejemplo, un escenario en el que el conductor de un autobús escolar tiene un accidente bajo los efectos de fármacos que provoquen somnolencia y pérdida de reflejos. ¿Quién debería asumir las responsabilidades derivadas? ¿La empresa de trasportes? ¿El trabajador que ocultó la situación? ¿El médico que debería haberse informado del trabajo desarrollado por su paciente y especificado qué actividades eran potencialmente peligrosas bajo los efectos de los fármacos que había pautado?
 
De forma añadida, nos encontramos con que no todos los cuadros ansioso-depresivos ni los cuadros de estrés agudo tienen que llevar aparejada una baja laboral. La valoración de cada caso debe ser individual. En muchos de ellos, precisamente lo deseable sería seguir trabajando, pero esa valoración debe hacerla un especialista y disponiendo del tiempo necesario para la misma. 
 
Asimismo, como decíamos, la normativa laboral está pensada para bajas físicas y no deja margen de maniobra específica en el caso de bajas psíquicas. El sistema de incapacidad temporal es de todo o nada: o estás de baja o estás de alta. Por tanto, nos impide plantear soluciones intermedias que en muchos casos serían idóneas, como determinar una reducción parcial del tiempo de trabajo o un cambio de las funciones del paciente. Es fácil entender que si una persona padece un cuadro de ansiedad generalizada provocado por la tensión de asistencia telefónica en un departamento de quejas, esa persona podría continuar su trabajo en otro departamento, mientras se trabaja a nivel terapéutico con el paciente. Esta situación, idónea para todos los implicados, haría necesaria la articulación de una vía de comunicación en la que los equipos terapéuticos mantuvieran una comunicación fluida con la empresa, aunque con los problemas que eso plantea en cuando a la confidencialidad de diagnósticos.
 
Y, por último, para hacer aún más compleja la situación, además de los no diagnosticados o con diagnósticos erróneos, las personas con problemas para gestionar las emociones, los “rentistas” y los “disimuladores”, estarían  los “simuladores”, esto es, personas que, sin padecer problema alguno, fingen síntomas con el fin de engañar y conseguir un beneficio secundario o, a veces, huir de un conflicto laboral. 
 
Los médicos de Atención Primaria, que son las personas encargadas de la determinación de la incapacidad temporal, se encuentran no sólo con el problema la presión asistencial que lleva aparejada la limitación de tiempo para realizar la anamnesis, valoración, diagnóstico y tratamiento, sino que, además, se les pone en el papel fiscalizador de pensar que la persona que tienen delante “les puede intentar engañar”, hecho que repercute negativamente en la correcta instauración del vínculo terapéutico. Por otro lado, a pesar de que se han desarrollado técnicas y test para detectar la simulación, es verdad que la Formación Continuada, tan necesaria en disciplinas como la Medicina o la Psicología, es un aspecto en el que nuestra sanidad tiene unas más que evidentes carencias. De forma añadida, la administración y corrección de estos test requiere un tiempo del que, como hemos señalado, no disponen los facultativos.
 
¿Qué se puede hacer, en un escenario sanitario-laboral-legal tan complejo y con tantas variables en juego? El NICE ha desarrollado una Guía de Salud Publica para profesionales de la Salud Laboral y de Atención Primaria, enfocado a manejar de forma adecuada y correcta las bajas prologadas, el Management of long-term sickness and incapacity for work. Su planteamiento base es realizar intervenciones multidisciplinarias integrales y trabajar con el sujeto enfermo desde planes de tratamiento personalizados.
 
Según el informe del Grupo de Política de Salud Mental de la Escuela de Economía de Londres, publicado en el año 2006, la terapia psicológica debería ser la terapia de elección, siendo la terapia farmacológica un coadyuvante los casos de depresión, ansiedad o ambos, sobre todo en aquellos que se detectan de forma precoz, dado que, a largo plazo, la terapia psicológica muestra efectos más duraderos y es más eficaz que el tratamiento farmacológico.
 
Para ello, es fundamental detectar o autodetectar. Las intervenciones de “screening” pueden servir, al igual que los exámenes médicos anuales, para detectar a aquellas personas que presentan síntomas. Es verdad que los reconocimientos médicos con carácter general son voluntarios, pero hay algunas excepciones legales como “cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud de los trabajadores puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa”. Para utilizar este recurso como mecanismo de control en aquellos puestos o departamentos donde la estabilidad psíquica pueda incidir de forma particular en el trabajo o por la responsabilidad laboral que tenga, es conveniente que con carácter previo se haya contemplado expresamente así y se haya justificado debidamente en el documento de evaluación de riesgos de puestos de trabajo. El mismo artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, prevé que “el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva”.
 
El acceso a terapias y profesionales adecuados y la comunicación eficaz entre éstos y la empresa podrían disminuir drásticamente el número de bajas psicológicas. En muchas ocasiones, no es necesario que éstas se produzcan o, en su caso, podrían ser breves, pues puede ser suficiente con algunos días para reducir síntomas incapacitantes. Sería positivo contar con la opción legal de plantear una reducción parcial de jornada durante el tiempo de intervención. Desde la Psicología, en la mayoría de los casos de depresión y ansiedad, se postula que una baja prolongada puede contribuir a cronificar el cuadro. Pero la poca comunicación que existe entre sanitarios y empresas y, por otro lado, la inexistencia de cauces para reducir los horarios o para llevar a cabo una movilidad funcional que disminuya temporalmente la presión laboral, desde el punto de vista administrativo o de política de empresa, dificulta enormemente el abordaje correcto de estos trastornos.
 
Creo que la introducción de esta posibilidad repercutiría tremendamente en la reducción de costes para empresas, Mutuas y Seguridad Social, en la reducción de la cantidad y el tiempo de  las bajas laborales, en la reducción del consumo farmacológico y en el aumento de la salud y la satisfacción de los trabajadores.
 
Como se ha dicho anteriormente, desde la Psicología se postula que las bajas de larga duración en la mayoría de estos casos pueden ser contraproducentes, pero también es verdad que, si el origen de la situación está en las condiciones laborares o en determinados factores dependientes del puesto de trabajo y estos no se modifican, el tratamiento incidiendo solamente sobre el individuo puede resultar una sucesión de bajas de corta duración o una baja prolongada. En muchas ocasiones pequeños o moderados ajustes de horarios (la medicación hace dormir más o la capacidad de atención y concentración requiere frecuentes pequeños descansos), funciones (menor responsabilidad durante un tiempo), puesto de trabajo (alejarle temporalmente del trato con el publico si es el factor que le provoca más ansiedad), etc. podrían repercutir beneficiosamente en todos los implicados, afectados y empresas.
 
Algunas de los aspectos para abordar los tratamientos deben modificarse desde la empresa, pero para ello debe establecerse de antemano como realizar la comunicación y quiénes son las personas, dentro del entorno laboral (médicos de empresa, aseguradoras, personal de recursos humanos, etc.) adecuados, así como el complejo tratamiento de los datos que se manejan.
 
Ante la sospecha de simulación, o cuando las bajas son recurrentes y se busca el mejor tratamiento con el fin de normalizar el correcto funcionamiento de la empresa, se puede solicitar que el trabajador sea examinado al margen del seguimiento que se le hace desde el Sistema Nacional de Salud. La empresa lo puede solicitar a su Mutua, lo puede hacer a través de médicos de empresa o puede concertarlo con profesionales externos. Por descontado, el contenido de ese reconocimiento del estado psíquico del paciente es confidencial y el empresario no podrá conocerlo; sólo sabrá finalmente si es “apto” o “no apto”, pero puede hacer esos reconocimientos. Y la negativa del trabajador a someterse, determinaría que el empresario pudiera suspender los derechos económicos que sean a su cargo (por ejemplo los complementos o mejoras económicas que pague la empresa durante la situación de incapacidad temporal).
 
Es evidente que tenemos una labor ingente para mejorar la situación económica y social de nuestro país. También una responsabilidad como sanitarios para garantizar a nuestros pacientes los mejores tratamientos, que adicionalmente son los más baratos a largo plazo. En definitiva, curar a los enfermos y desenmascarar los fraudes. Es una cuestión, sobre todo, de voluntad política. No parece que, en un tema en el que todos saldríamos beneficiados -profesionales, enfermos, empresas y Administración Pública- sea tan difícil articular, entre todos, la forma de conseguir este objetivo. 

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