El usurero que da la cara

• Aunque muchos se la quieren romper. Antonio Arroyo presta dinero al 29% y termina quedándose con las casas de decenas de familias. Varios juzgados le investigan por estafa. Uno de sus clientes se suicidó. «Yo tengo corazón», se defiende

Tiene razón Antonio Arroyo en una cosa: «Ningún juez ha dicho que yo haya estafado». Y eso es verdad. También es cierto que la justicia pisa los talones desde hace unos años a este prestamista sexagenario, con cierta voz de pito y aspecto de funcionario fiable, que todavía seguirá visitando un buen número de tribunales por las denuncias que le ponen decenas de clientes en toda España. Familias con graves apuros económicos que en su día, maldito día, firmaron un crédito rápido con Arroyo y ahora se sienten engañados y estafados por el empresario, inmerso en el boyante negocio de la financiación entre particulares desde el año 2001. Está considerado el mayor usurero de este país.
«Yo no soy el rey del préstamo», zanja por teléfono. «¿Que si me he hecho rico? Me da vergüenza contarle mi situación económica. Sí, tengo divisas, alguna que otra vivienda y varias fincas por ahí, pero también tengo los problemas de cualquier empresario», suelta sin dar detalles. «Y mucho menos soy el rey de la estafa, eso lo tendrá que decir un juez». De momento se han archivado 40 causas contra él y están tramitándose «otras 15», según sus propios cálculos. Ni siquiera se ha sentado en el banquillo. Le han detenido tres veces, pero siempre ha salido limpio. «Mi abogado soy yo -sonríe el prestamista- y estoy al corriente de ciertos problemas con ciertos clientes». Uno de ellos, Javier Rega, acabó quitándose la vida. Se trata de un vecino de Manises (Valencia) que quiso refinanciar su retroexcavadora y dejó un hijo discapacitado y una viuda, Ramona Navarrete: «No quiero dar pena, solo quiero que se haga justicia. Este señor nos estafó».
«Desgraciadamente, este pobre hombre no pudo hacer frente a sus deudas y lo afrontó de la peor manera. Yo lo siento mucho por él y por su familia, pero no puedo hacer otra cosa», responde Arroyo. O quizá sí. «A mi marido ya no me lo van a devolver», se lamenta la viuda, «pero la denuncia que le hemos puesto ha logrado paralizar el desahucio».

Todos los afectados por la avaricia de Antonio Arroyo, «que pueden llegar hasta los 1.500», calcula el abogado de la asociación ‘Stop Estafadores’, Carlos Galán, tienen el mismo perfil. «Personas con necesidades financieras urgentes, con dificultades de acceso al crédito bancario pero con una vivienda libre de cargas», que al parecer es lo que siempre busca el empresario de Jaén, al que algunos en Madrid conocen como ‘El patadas’ por sus métodos expeditivos y que durante muchos años trabajó en el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España. Todos describen el mismo ‘modus operandi’: «Una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, documentos bancarios falsificados y la presencia final de un notario presuntamente compinchado acaban envolviendo a la víctima para que firme, en realidad, un préstamo con garantía hipotecaria -es decir, con su casa como aval- por un importe muy superior al recibido y con un vencimiento a seis meses, momento en el que los intereses se disparan al 29%». Entonces, la deuda se multiplica, el pago se hace inasumible y Arroyo ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda. «Yo tengo corazón… No me gusta echar a nadie de una casa», se defiende locuaz el prestamista, que siempre da la cara: «Ya ve. No soy un fantasma».

Hay gente a la que hemos llamado 200 veces para negociar y nos ha dado largas.

Eso es mentira. Las casas dan problemas. Por lo general, lo que quieren los prestamistas es cobrar. No queremos pisos. Yo quiero que me paguen. A mí me interesa el dinero.
Umberto Jiménez, un vecino del barrio madrileño de Tetuán, divorciado y con un hijo, ha sido el último en entregar las llaves de su vivienda a la fuerza después de ponerse en manos de Antonio Arroyo. La historia se repite en decenas de casos. Rafael, Juan, Teresa, Concepción, Jesús, Miguel Ángel… «La manera de actuar se ha elaborado durante años por parte de una trama delictiva perfectamente organizada. Las 60 denuncias que estamos tramitando son solo la punta del iceberg», alerta el abogado Carlos Galán. El letrado de Adevif (otra organización ‘antiestafadores’), Santiago Landete, también tiene un buen puñado de denuncias en el horno. «El ‘modus operandi’ es el de estas personas, que ahora se han puesto de acuerdo para denunciarme. Antes no me reclamaban nada. El problema es que muchos de ellos se han visto con dinero, y en lugar de pagar deudas, se han gastado ese dinero en otras cosas», contraataca Arroyo.
Umberto se quedó sin ingresos. «Vi un anuncio en la tele, pedí un préstamo de 4.000 euros, a pagar 100 euros al mes, y a los seis meses me llegó una carta en la que me exigían 32.000. Ahora estoy sin casa. Se ha quedado hasta con mis pantalones. ¡Pero si no le valen, que mido 1.90!». Este vigilante de seguridad en paro, aún con ánimo para bromas, ni siquiera leyó el documento. «Tenían mucha prisa, me avasallaron, me fié del notario… y yo quería cobrar, la verdad. Me dijeron que me enviarían el contrato al correo. Lo único que me llegó fue la carta con la reclamación». Sin embargo, no solo la cuidada metodología de Arroyo, la desesperación o el descuido de la víctima juegan un papel clave en esta historia. Las notarías a las que siempre acudía el prestamista para firmar los contratos, y que han sido señaladas por todos los afectados, son factores determinantes a la hora de que las víctimas pasen por el aro. También han sido investigados y también se han ido de rositas, de momento. ¿Quién va a desconfiar de todo un señor notario?

Seis juzgados de Madrid, repletos de demandas contra el prestamista, pidieron hace unos meses a la Audiencia Nacional que iniciara una investigación sobre la presunta trama: «Existen indicios de que los hechos denunciados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada», argumentó la juez Isabel Durántez. Su colega Santiago Pedraz, sin embargo, rechazó la petición. Las asociaciones quieren que los casos se investiguen de forma conjunta porque «así los jueces tendrán una visión global de la estafa». Arroyo, al otro lado del ‘ring’, sigue negando la mayor: «El estafado, muchas veces, he sido yo».

¿Yo? En absoluto.

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