TikTok y la responsabilidad parental ante la violencia sexual digital

Las medidas contra una plataforma deben acompañarse de protección efectiva, educación afectivosexual y supervisión familiar proporcionada a la edad y la madurez del menor.
Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Psicóloga General Sanitaria y Forense
La investigación de la Fundación Maldita.es sobre abuso sexual infantil en TikTok obliga a examinar las obligaciones de las plataformas y una cuestión que afecta directamente a las familias: qué hacemos los adultos para proteger a los menores mientras se investigan los hechos y se deciden las medidas públicas. La protección cotidiana no puede quedar aplazada hasta que una autoridad suspenda una aplicación.
Según los resultados publicados por Maldita.es en noviembre de 2026, durante 35 días de análisis se localizaron 1.183 vídeos e imágenes con contenido explícito de abuso sexual infantil que acumulaban unos 48 millones de visualizaciones. Son cifras de contenidos y reproducciones comunicadas por la investigación, no un recuento judicial de víctimas ni de responsables condenados. La fundación trasladó los hechos a la Fiscalía de Criminalidad Informática. [1]
El 10 de noviembre, la ministra de Juventud e Infancia anunció que había solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos la paralización excepcional de la actividad de TikTok en España. Una petición de suspensión no equivale a una suspensión acordada. La determinación de los hechos y de las responsabilidades debe realizarse mediante los procedimientos correspondientes, con sus garantías. [2]
Hablar con precisión para proteger mejor
Conviene distinguir la exposición de menores a pornografía adulta de la producción, distribución o consumo de material de abuso sexual infantil. Ambos asuntos requieren prevención, pero plantean problemas diferentes. En el segundo, cuando se documenta un abuso real, la imagen recoge una vulneración de la libertad e integridad sexual de un niño o una niña. Su circulación añade una exposición que la víctima no controla.
Aunque el Código Penal utiliza la expresión pornografía infantil, hablar de material de abuso o explotación sexual infantil permite mantener a las víctimas en el centro. El artículo 189 tipifica, entre otras conductas y con los requisitos que establece, la producción y distribución de ese material, su adquisición o posesión para uso propio y el acceso consciente mediante tecnologías de la información. [3]
Las consecuencias
Para quienes sufren la difusión no consentida de imágenes íntimas, el daño puede alcanzar tanto la salud mental como las relaciones sociales. La revisión sistemática de Schmidt y colaboradores, publicada en 2024 e integrada por 13 estudios, identificó asociaciones con depresión, ansiedad e ideación suicida, además de acoso y culpabilización de las víctimas.. [4]
La exposición a pornografía durante el desarrollo requiere otro análisis. Pathmendra y colaboradores revisaron 19 estudios sobre adolescentes de 10 a 19 años. En cinco de los ocho trabajos que examinaron el inicio sexual temprano apareció una asociación con la exposición a pornografía; para otros resultados, la evidencia fue contradictoria o insuficiente. Los diseños y sus limitaciones impedían establecer causalidad. [5]
Por su parte, el metaanálisis de Mori y colaboradores, con 27 estudios y 16.200 participantes, encontró asociaciones entre exposición a contenidos sexuales y conductas sexuales problemáticas en población infantil y adolescente. [6]
La prevención debe apoyarse en esa evidencia sin exagerarla. No es defendible afirmar que cualquier consumo produce adicción, que todo adolescente expuesto se convertirá en agresor o que existe una única edad de inicio aplicable a toda la población. Sí resulta razonable ofrecer educación afectivosexual adaptada al desarrollo, explicar el consentimiento y ayudar a distinguir una representación sexual de una relación basada en reciprocidad y respeto. La intervención debe atender a lo que el menor ha vivido y a sus necesidades concretas.
Las obligaciones propias de las plataformas
La protección familiar convive con obligaciones empresariales exigibles. El artículo 28 del Reglamento de Servicios Digitales obliga a las plataformas accesibles a menores a adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección. Para las plataformas de muy gran tamaño, los artículos 34 y 35 añaden deberes de evaluación y reducción de riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con contenidos ilícitos, derechos de la infancia y bienestar físico y mental. [7]
Desde este marco, la respuesta debe examinar también el diseño del servicio, sus sistemas de recomendación, la moderación y la eficacia de las medidas de protección. Las condiciones de uso y las promesas públicas deben contrastarse con el funcionamiento real. Corresponde a las autoridades competentes determinar si se han incumplido obligaciones y qué consecuencias proceden. La supervisión de los progenitores no libera a la empresa de esos deberes.
La decisión sobre una plataforma concreta tampoco agota la política de infancia. Aunque se limite un servicio, las familias seguirán necesitando recursos para acompañar el uso de otros espacios digitales. El artículo 45 de la Ley Orgánica 8/2021 prevé campañas de educación sobre un uso seguro de Internet y medidas de apoyo a las familias para desarrollar las competencias necesarias. Exigir responsabilidad parental implica facilitar medios para ejercerla. [10]
La responsabilidad parental sigue vigente
El artículo 154 del Código Civil configura la patria potestad como responsabilidad ejercida en interés de los hijos, respetando sus derechos y su integridad física y mental. Incluye velar por ellos, educarlos y procurarles una formación integral. Esos deberes también orientan el acompañamiento en el entorno digital. [8]
La obligación tiene, además, una formulación específica. El artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018 encomienda a los progenitores y demás representantes legales procurar un uso equilibrado y responsable de dispositivos y servicios digitales, para proteger el desarrollo de la personalidad, la dignidad y los derechos fundamentales de los menores. [9]
Por tanto, que una aplicación siga disponible no significa que resulte adecuada para cualquier edad o circunstancia. Autorizar su uso exige interesarse por sus funciones, revisar la privacidad y los contactos, establecer límites comprensibles y comprobar cómo se cumplen. La intensidad de la supervisión debe guardar proporción con la edad, la madurez y los riesgos, respetando la intimidad y la autonomía progresiva. La protección no legitima una vigilancia indiscriminada.
Estas obligaciones no convierten a una madre o a un padre en responsable automático de cualquier agresión sufrida por su hijo. Una eventual responsabilidad jurídica requiere examinar la conducta concreta y los presupuestos de la norma aplicable. La responsabilidad del autor del abuso permanece en quien lo comete. Culpabilizar de manera general a las familias perjudica un análisis que debe centrarse en qué protección era exigible y qué ayuda necesitaban.
Educar y actuar sin esperar a una prohibición
En la práctica, el acompañamiento empieza antes de entregar un dispositivo con acceso autónomo a Internet. Hay que explicar qué información no debe compartirse, cómo responder a una petición sexual y a quién acudir si aparece una amenaza. Los filtros y controles parentales pueden formar parte de ese cuidado, junto con conversaciones sobre el cuerpo, los límites, la privacidad y el consentimiento. Su mera instalación no acredita que el menor esté protegido.
La conducta adulta también debe revisarse. Publicar imágenes de los hijos exige valorar su dignidad, intimidad e interés, aunque quien publica sea su representante legal. El artículo 84.2 de la Ley Orgánica 3/2018 contempla la intervención del Ministerio Fiscal cuando la utilización o difusión de imágenes o información de menores pueda constituir una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales. [9]
Cuando un menor cuenta una experiencia de coacción o abuso, recomiendo escuchar sin reproches, atender su seguridad y buscar ayuda especializada. Convertir la revelación en un interrogatorio o en una amenaza de castigo puede dificultar que siga pidiendo apoyo. No hace falta que la familia investigue por su cuenta ni que obligue al niño a repetir innecesariamente lo sucedido.
La comunicación a las autoridades tampoco puede quedar pendiente de que una plataforma resuelva una reclamación. Los artículos 15 y 19 de la Ley Orgánica 8/2021 establecen deberes de comunicación ante indicios de violencia contra menores y ante contenidos en Internet que constituyan esa violencia; si los hechos pueden ser delictivos, deben ponerse en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía o la autoridad judicial. [10] Para alertar sobre material de abuso, deben facilitarse los enlaces y los datos de localización, sin descargarlo ni reenviarlo para denunciar públicamente su existencia. [11]
La respuesta pública a lo sucedido en TikTok debe ser rigurosa y verificable. Al mismo tiempo, cada familia puede revisar hoy las condiciones de acceso de sus hijos a Internet y la confianza con la que pueden pedir ayuda. La educación y la supervisión parental son deberes continuados, con independencia de la decisión que finalmente se adopte sobre esta plataforma.

Referencias y fuentes
Comprobación de noticias, publicaciones científicas y preceptos citados realizada el 11 de noviembre de 2026. La situación informativa se describe con esa fecha de cierre.
[1] Fundación Maldita.es. El Ministerio de Infancia pide a la AEPD suspender cautelarmente TikTok tras la investigación de Maldita.es. 10 de noviembre de 2026. Fuente de los resultados de la investigación y de su traslado a la Fiscalía. Consultar publicación
[2] RTVE Noticias. Infancia pide a la Agencia de Protección de Datos paralizar la actividad de TikTok España ante posibles vídeos de pederastia. 10 de noviembre de 2026. Declaraciones de la ministra sobre la solicitud. Consultar noticia
[3] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 189, en particular apartados 1 y 5. Texto consolidado del BOE. Consultar norma
[4] Schmidt, F., Varese, F., Larkin, A. y Bucci, S. (2024). The Mental Health and Social Implications of Nonconsensual Sharing of Intimate Images on Youth: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 25(3), 2158–2172. Publicación electrónica inicial en 2023. DOI 10.1177/15248380231207896
[5] Pathmendra, P., Raggatt, M., Lim, M. S. C., Marino, J. L. y Skinner, S. R. (2023). Exposure to Pornography and Adolescent Sexual Behavior: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 25, e43116. DOI 10.2196/43116
[6] Mori, C., Park, J., Racine, N., Ganshorn, H., Hartwick, C. y Madigan, S. (2023). Exposure to sexual content and problematic sexual behaviors in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Child Abuse & Neglect, 143, 106255. DOI 10.1016/j.chiabu.2023.106255
[7] Reglamento (UE) 2022/2065, de 19 de octubre de 2022, de Servicios Digitales. Artículos 28, 34 y 35. Texto oficial del DOUE publicado en el BOE. Consultar reglamento
[8] Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Artículo 154. Texto consolidado del BOE. Consultar norma
[9] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Artículo 84, apartados 1 y 2. Texto consolidado del BOE. Consultar norma
[10] Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Artículos 15, 19 y 45. Texto consolidado del BOE. Consultar norma
[11] RTVE Noticias. Qué hacer si encuentras pornografía infantil en redes sociales y cómo denunciarlo. 15 de diciembre de 2023. Orientaciones sobre comunicación de enlaces, fecha y hora sin descargar ni guardar el material. Consultar orientaciones